Los concejales de Urbanismo y del Rural de Lalín, Nicolás González Casares y Miguel Medela, mantuvieron ayer una reunión con vecinos de la parroquia de Filgueira afectados por la cuarta fase del polígono Lalín 2000. El objetivo del encuentro no fue otro que poner en común distintos aspectos que afectarán a la disponibilidad y calificación de los terrenos y el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y buscar soluciones para un cambio de tributación de unas parcelas todavía por desarrollar.

Casares calificó como "secuestro en toda regla" el problema de los afectados, que parte de una previsión de ampliación del recinto empresarial, paralizada desde hace cinco años. Pero las fincas son solo a efectos de tributación catastral de naturaleza urbana cuando realmente los dueños no pueden disponer de los mismos como tal. Los vecinos demandan desde hace tiempo abonar el IBI como si sus propiedades conservasen la catalogación de suelo rústico, un objetivo que se podría conseguir solicitando una revisión catastral. Aún en caso de que la mediación del Concello ante la Dirección General de Catastro fuese satisfactoria, Casares afirma que todo este proceso podría acabar repercutiendo negativamente para los intereses de los particulares, una vez que si el proyecto de expansión de Lalín 2000 se retomase, el valor de las propiedades sería mucho más bajo.

Tras analizarse varias alternativas a este problema la principal solución pasaría por retomar la reclamación efectuada años atrás por los afectados en la que se planteó a Catastro, con la colaboración del Concello, la reducción del 60% del valor catastral de los terrenos, de modo que esta rebaja repercutiese posteriormente en el IBI. Esta alternativa se escuda en una sentencia del Tribunal Supremo que generó jurisprudencia en la que se especifica que deben tributar como urbanos aquellos terrenos que cuenten con un plan de desarrollo, pero que aquellos otros que, entrando en la categoría de urbanizables no cuentan con servicios necesarios a efectos reales, deben ser considerados a efectos catastrales como rústicos.

Los vecinos continúan a la espera de una solución que les pueda dar la razón y en consecuencia logren la citada rebaja del 60% en el importe de los recibos de la contribución. Este silencio administrativo que se prolonga en el tiempo, está dando pie a que el actual grupo de gobierno retome ahora los contactos con Catastro para poder obtener una contestación definitiva en el menor tiempo posible.

Nueva reunión

Los concejales del ejecutivo lalinense anunciaron al término de la reunión celebrada ayer que citarán nuevamente a los afectados en un plazo máximo de dos meses a una reunión. A la misma acudirán el asesor urbanístico y el jurídico del ayuntamiento para continuar avanzando en la búsqueda de soluciones. "En cuanto haya una novedad los propietarios serán avisados con inmediatez", destacaron Nicolás González Casares y Miguel Medela al finalizar la reunión con los vecinos de Filgueira.