La Xunta ha asumido finalmente los mandatos judiciales y abonará los en torno a 31 millones de euros a la veintena de afectados por terrenos de las expropiaciones del Paseo do Pontiñas de Lalín. Tras una larga batalla judicial -Augas de Galicia llegó a presentar un recurso contra la sentencia ante el Tribunal Constitucional- la administración autonómica garantiza a los afectados las millonarias compensaciones por una tasación de terrenos que fue recurrida por los vecinos y que sorprendentemente ganaron.
En los presupuestos de la Xunta para el próximo año se establece que el remanente de tesorería de Aguas de Galicia de los años 2014 y 2015 se destinará a dar cumplimiento al auto dictado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del 10 de diciembre de 2014. Como ya había trascendido, el citado auto determina que el calendario de pagos de las indemnizaciones a percibir por los dueños de las fincas afectadas para la construcción de una parte de la segunda fase del espacio fluvial. El importe de las compensaciones asciende a 17.980.299 euros, además del interés legal de esa cantidad generado a partir del 23 de enero de 2001. Así, las indemnizaciones ascenderían a los en torno a 31 millones de euros que había cifrado el abogado de los afectados, José Luis Fernández Pedreira, el año pasado, cuando la Xunta había obligado consignar una suma relevante de dinero para hacer frente a esta sentencia. El desembolso se realizará en seis años y el primer pago, ya realizado, estaba previsto para enero de este curso. En total la veintena de dueños de los predios habrían percibido en distintas proporciones un total de 5,9 millones. La cuantía por saldar a 31 de diciembre de este año estaría en 25,5 millones e incluiría tanto los abonos pendientes como los intereses generados durante 13 años para dar así cumplimiento a la sentencia del alto tribunal autonómico.
En la documentación de los presupuestos de la Xunta se concreta que si bien las cantidades deberán ser satisfechas en los cinco años restantes, el importe total pendiente y sus intereses debe quedar reflejado en el remanente de tesorería y consecuentemente el remanente derivado de la ejecución presupuestaria ordinaria del organismo Augas de Galicia de los ejercicios 2014 y 2015, que será positivo en 24,5 y 24,2 millones de euros respectivamente.
Con esta decisión, la Xunta desbloquea una situación que los vecinos sabían que era inevitable pues así lo habían probado sentencias favorables a sus intereses. Por tanto, la veintena de damnificados percibirán en total una media anual de 5 millones de euros al año hasta completar los 31 totales.
