Construsilva reconoce los cargos por la supuesta venta irregular de viviendas

- El juicio queda visto para sentencia y aguardan que se resuelva en un plazo de 15 días - Abanca ratifica el desconocimiento de los pagos realizados por la promotora lalinense

01.10.2015 | 02:19
Algunos de los afectados realizaron una simbólica protesta ayer a la entrada del juzgado. // Gustavo Santos

En una vista que se prolongó más de cuatro horas, el magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº1 de Pontevedra escuchó ayer a las partes implicadas en el caso de la supuesta venta irregular de pisos embargados de la promotora lalinense Construsilva. Al inicio del juicio, una veintena de afectados se personó delante de las dependencias judiciales para hacer visible su causa con una pancarta que rezaba "Abanca cómplice. 39 familias sen vivienda". Los afectados no pudieron acceder luego a la sala de vistas debido a las reducidas dimensiones del espacio.

La sesión comenzó con la declaración de los tres administradores de la firma lalinense (un matrimonio y su hijo, principal responsable de la gestión actual, así como de la esposa de éste, aunque ésta lo hizo en calidad de testigo). Los acusados se personaron sin un representante legal, un procedimiento inusual pero que a vista de los letrados presentes, evidencia el reconocimiento de su responsabilidad y está encaminado a evitar mayores costes. El empresario lalinense reconoció haber facilitado los contratos privados de la venta de viviendas a las entidad bancaria antes de constituirse los préstamos hipotecarios. Una declaración que para los afectados acredita el conocimiento de la entidad de las condiciones en que se encontraban los pisos. Además, reconoció haber realizado los ingresos, de elevadas cantidades, en dichas entidades. Para los letrados esta declaración corrobora la línea argumental que tenía la fiscalía y los afectados de la supuesta connivencia de las entidades bancarias.

Por su parte, Abanca negó su conocimiento e implicación en el caso. Alegó, incluso, desconocer los movimientos realizados en cuenta, pese a tratarse de sumas cuantiosas que, según la normativa, deben quedar identificadas. En este sentido, las entidades no llegaron a aportar la documentación precisa para desmontar estas acusaciones. Si bien, tal y como apuntaron fuentes presenciales en el proceso, dos testigos de la entidad bancaria, antiguos responsables de las sucursales locales, incurrieron en contradicciones manifiestas. La entidad bancaria incidió en que esta acusación daña su imagen pública.

Todas las partes coincidieron también en reclamar la complicidad de Construcciones Silva y González, otra de las firmas del grupo, que ejecutaba la obra con supuestos pagos irregulares de una sociedad a la otra.

Los abogados de los afectados se mostraban ayer optimistas con respecto a la decisión del juez, que debido a un inminente traslado del magistrado, aguardan se produzca en un plazo máximo de 15 días. De declararse como un 'concurso de acreedores culpable' implicaría la inhabilitación para los administradores de un período máximo de 15 años. Para los cómplices supondría o bien la pierda de la hipoteca, con lo que los inmuebles quedarían libres de carga o bien obligaría a devolver las cantidades en cuenta. De lo contrario, podría incluso producirse el desahucio de los afectados.

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