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Bomberos urbanos y forestales aúnan fuerzas para reclamar coordinación en los incendios

Alertan sobre la falta de organización interna entre los numerosos departamentos y empresas que forman el dispositivo contra incendios - Apelan a la profesionalización, optimizar recursos e insisten en la prevención

El fuego en una granja de Laro (Silleda) movilizó un amplio despliegue de profesionales. // Bernabé/Gutier

Llevan años arrastrando y denunciando el deterioro de los dispositivos planteados desde la administración pública en la lucha contra incendios y emergencias que impliquen tanto a bomberos forestales como urbanos. Un problema que cada año en verano sale a relucir con la proliferación de incendios forestales y que permanece latente el resto del año, pero que sigue muy presente para los profesionales que integran el servicio. Son los propios trabajadores, que se enfrentan a diario a esta problemática, los que denuncian y alertan sobre los riesgos que para ellos y la ciudadanía supone esta falta de organización.

Unas reclamaciones que elevan de nuevo bomberos urbanos y forestales de la zona de Deza y Tabeirós Terra de Montes, que suman cada día ejemplos de esta descoordinación interna por la duplicidad de servicios que pone en entredicho su respuesta ante las emergencias. "La gente aún cree que los bomberos son un único órgano y desconocen la cantidad de servicios y empresas que forman parte", explican los profesionales.

En el caso de los bomberos forestales -que tienen aún otra lucha pendiente para que se les reconozca en la práctica esta categoría profesional que por ley ya les han otorgado- en plena temporada de alto riesgo su plantilla se ve reforzada. Pero los profesionales apuntan que solo el 5% de este refuerzo se hace con personal propio, el resto vendrá de mano de distintas empresas. Una estrategia que denuncian se vuelve contraproducente ante la falta de una coordinación real entre los distintos cuerpos. "De los famosos 7.000 trabajadores que anuncian que integra la lucha contra incendios (que recoge el Plan de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais de Galicia, Pladiga) solo el 30% pertenecen al personal propio. Los profesionales, son muy directos en esta cuestión y a lo largo de los últimos años han comprobado que el hecho de que más del 70% del servicio esté "privatizado" trae consecuencias tangibles. "A medida que se privatiza el sector se comprueba un incremento del gasto y también de la superficie quemada, es decir, vamos perdiendo eficacia. Si se compara con épocas en que el 80% de la plantilla pertenecía a personal público se reduce el presupuesto y también la superficie quemada". En décadas pasadas las cifras arrojaban una media de entre 10 y 12.000 incendios al año frente a la media actual que deja entre 3.000 o 4.000 fuegos anuales. Si bien aunque descienden el número de focos la media de superficie quemada es ahora casi de 4 hectáreas frente a la 1,5 hectáreas de años pasados, lo que evidencia una merma de la capacidad de respuesta. "Era un servicio más económico, más eficaz y organizado". La fecha clave para los profesionales forestales que arroja este declive ha sido 2006, donde comienza para ellos un avance de la privatización. Los profesionales reclaman no solo coordinación real sino también una mayor incidencia en labores de prevención, mantenimiento de los puestos de vigilancia y reformular las funciones específicas para que puedan colaborar en más intervenciones.

En una situación muy pareja se encuentran los bomberos profesionales urbanos. La incursión de las firmas privadas también ha dejado para estos trabajadores una merma en el servicio. Buscan optimizar recursos, lograr una mayor eficiencia en sus actuaciones. Luchan además contra un handicap en la legislación en Galicia: la falta del reconocimiento como agentes de seguridad. Una condición que les permita ejercer su profesión con el respaldo de la ley. Pero la proliferación de parques privados dificulta también este reconocimiento.

Comparativa entre parques

Desde la Plataforma Bomberos Públicos de Galicia realizaron una comparativa entre dos parques parejos: uno público, el Intercomarcal de Silleda; y uno privado, el de A Rúa de Valdeorras. Un estudio pormenorizado evidencia que cada año el parque de A Rúa recibe un partida presupuestaria de entre 120.000 y 140.000 euros más que el de Silleda, mientras que su trabajadores cobran entre 3.000 y 4.000 euros menos. Una cantidad que permitiría incrementar cuatro palzas. Mientras que el de Silleda se sitúa a la vanguardia en equipación el parque de A Rúa tiene limitaciones importantes de material.

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