Los afectados por la compra de pisos hipotecados a la promotora lalinense Construsilva esperan que la justicia les de aliento a sus reivindicaciones y que puedan ocupar sus viviendas con garantías. Para reconocerles la propiedad de sus hogares o las aportaciones realizadas a la empresa se deben saltar no pocos escollos. Entre los 76 acreedores que figuran en la relación de créditos está la Sociedadde Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que con 4,8 millones de euros, es el que acumula el montante económico más importante. Fuentes de la entidad pública avisan que defenderán el cobro de este dinero.
Las en torno a una treintena de familias de este supuesto caso de fraude, adelantado por FARO a finales del año pasado, son pesimistas acerca del futuro de una empresa que podría estar abocada a la liquidación. Algunos de ellos sí fueron capaces en los últimos años de escriturar sus inmuebles -los de bloques de las calles Calzada y F-, aunque en casos abonando una cantidad superior a la acordada pues sus bienes ya habían sido hipotecados. Los que no ven la luz al final del túnel desde hace unos ocho años son las familias que compraron pisos en el bloque de la calle C, todavía sin rematar y sobre el que pesa una carga hipotecaria de 2,6 millones de euros. Creen que una vez que Construsilva está abocada a la liquidación, después sus bienes pasarían a la Sareb, que a su vez podría sacarlos a subasta. Desde la sociedad conocida también como banco malo se indica que será un juez el que determine si Construsilva cesa definitivamente su actividad o no y en qué condiciones podría hacerse después el reparto de bienes. "Somos un acreedor más y debemos exigir lo que nos pertencece".
Mientras, vecinos que compraron en la calle C explican que, a diferencia de otras promociones de la empresa en Lalín, su edificio está sin rematar y tiene la división horizontal pendiente, de ahí que tampoco pudiesen elevar a escritura pública sus pisos. Pero conviene recordar que sobre este bloque de 31 viviendas pesa una hipoteca de 2,6 millones de euros. Aún en caso de que se liberasen estas cargas, los pisos hoy en día ya no tendrían el mismo valor de mercado que en 2007, cuando se cerró la compra de algunos. Algún particular realizó en los últimos años aportaciones de cerca de 150.000 euros para una vivienda que mucho se teme nunca será suya.
Una de las claves de este proceso será el juicio del próximo día 30 en el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Pontevedra. La promotora, ya condenada en otras vistas, será juzgada por un posible fraude en la venta de pisos. Pero además, el fiscal acusó directamente a la entidad bancaria Abanca de actuar en convivencia con la empresa. Construsilva trabajaba entonces con la extinta entidad Caixa Galicia-
Reunión de hoy
Una representación de los afectados se reunió anteayer con el alcalde de Lalín, Rafael Cuiña. El regidor, que esta mañana participará en el encuentro de los afectados previsto en el consistorio, señaló que debe estar al lado de los ciudadanos. Sobre este proceso se limitó a apuntar que las acusaciones de la fiscalía -que trascendieron ya hace meses- "son muy claras".
