El gobierno de Silleda privatiza en solitario la ayuda a domicilio para todo su mandato

Cuiña defiende que sale más barato y los usuarios están mejor atendidos - Espiño alude a la supresión de derechos laborales - Y Da Torre exige un estudio riguroso sobre costes

25.09.2015 | 02:45
Aida Castro Caramés prometió su cargo como nueva concejala del PSOE. // Bernabé/Gutier

Las acusaciones de "dictadura" con que arrancó el pleno celebrado ayer en Silleda dieron paso a la unanimidad en las votaciones de buena parte de los asuntos. El alcalde, Manuel Cuiña, consideró "fuera de lugar" el término empleado por Matías Rodríguez da Torre (BNG) para denunciar que no había recibido ninguna acta de junta de gobierno ni resolución de la alcaldía desde la toma de posesión del gobierno, queja compartida por José Luis Espiño (PP). El regidor admitió el retraso, que atribuyó al nuevo cambio en la Secretaría -a la que ha vuelto Manuel Quintáns, interventor en los últimos meses- y a las bajas laborales. Una de estas, de auxiliar administrativo, será cubierta mediante un concurso oposición cuyas bases publicaba ayer el Boletín Oficial de Pontevedra (BOP).

Tras el rifirrafe preliminar y una escéptica apelación a un "clima de cierta cordialidad" por parte del alcalde, dio comienzo la sesión. Aida Castro Caramés, vecina de Trasfontao (Silleda), prometió su cargo como nueva edil del PSOE, en sustitución de Luis Rodríguez Vázquez.

La resolución de la alcaldía en contra de la liquidación de la gestión de la escuela infantil A Galiña Azul practicada por el Consorcio Galego de Benestar recibió el apoyo unánime de la corporación. El ente autonómico reclama 380.000 euros al Concello por la cuota de mantenimiento que le corresponde en la guardería, en virtud de un convenio firmado durante la etapa de Ofelia Rey, según el cual el Concello asume el 30% de los gastos de funcionamiento. Un estudio municipal asegura que el ayuntamiento ya está cargando con el 29,9% de dichos gastos, por lo que entiende que no cabe reclamación alguna a mayores y así lo hizo constar en un recurso firmado el 31 de agosto y ya remitido a la Xunta. El portavoz del PP cuestionó que el asunto fuese a pleno, "salvo que sea para darle carga política contra la Xunta" y culpó a las dos administraciones de no haber dirimido diferencias a través de la comisión mixta que se contempla en el convenio y que ni siquiera llegó a crearse. "A la Xunta no le llega con sablear a los padres y madres y tiene que sablear también a los concellos", replicó el edil del Bloque, que añadió que el 30% de los gastos que competen al Concello se supera "con los libros que hubo que comprar en su día". Cuiña justificó la ratificación plenaria en base a la cuantía económica.

Unanimidad hubo también en la ratificación de otro acuerdo de la junta de gobierno: Reclamar a Explotación Minera de Campomarzo SL el pago de unos 500.000 euros del canon municipal por la concesión del vertedero de escombros. En concreto, se reclama por vía ejecutiva el importe del período 2005-2007 y mediante liquidación ordinaria el que va de 2008 a 2011. El grupo Indeza, al que pertenece la cantera, había llegado a un acuerdo de compensación de deudas durante el primer gobierno socialista (2007-2009), ya que el Concello le debía 790.000 euros de obras de la época del alcalde Juan Salgueiro. En 2008, el ayuntamiento realizó los dos primeros pagos, por un total de unos 490.000 euros, pero no así los otros dos de 150.000 euros cada uno previstos para febrero de 2009 y de 2010, ya durante el mandato de Ofelia Rey. Aquel incumplimiento municipal rompió, según Cuiña, un "acuerdo no escrito" por el cual Campomarzo se comprometía a liquidar el canon del vertedero. Así que, a día de hoy, Indeza reclama los 300.000 euros pendientes más intereses -unos 500.000 euros- y, aunque hubo intentos por parte del gobierno, "no hay posible acuerdo de compensación". Así las cosas, el Concello ha activado la reclamación del canon, que totaliza una cuantía similar. Da Torre demandó "la misma diligencia con todo el mundo" y aludió a la falta de sanción, quizás por "amiguismo", para solares que incumplen la normativa.

La aprobación del pliego de cláusulas administrativas y la licitación del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) fue uno de los asuntos que más debate originó y, de hecho, fue de los pocos en que el gobierno se quedó solo. El servicio saldrá a concurso con los mismos precios del año pasado -11,7 euros la hora, excepto sábados por la tarde, domingos y festivos, que sube a 13,7, más el 4% de IVA en dependencia y el 10% en libre concurrencia-, pero por el doble de tiempo: Dos años prorrogables por otros dos. Como ya había hecho el año pasado, la oposición mostró su desacuerdo con la "externalización del 100% del servicio" y se mostró partidaria de mantener al menos las cinco trabajadoras municipales (10%). Espiño criticó la subrogación de estas cuidadoras y desveló un contencioso por supresión de derechos laborales. Da Torre exigió un estudio riguroso de costes y aseguró que "es imposible que salga más barato, porque la empresa tiene que obtener un beneficio". Pero el alcalde se ratificó en "el acierto que fue privatizarlo, porque sale más barato y los usuarios están contentos, pues se terminaron las quejas por falta de estabilidad, al haber continuos cambios de cuidadores". Añadió que cumplen la máxima de "no hipotecar el futuro del Concello más allá de los cuatro años de mandato". Si hubo unanimidad en la votación de la ordenanza que fija las tasas para el copago de la prestación.

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