El gobierno de Lalín tiene en las entidades financieras uno de sus objetivos en esta primera parte del mandato. Su alcalde, Rafael Cuiña, se mostró muy crítico con la actitud de la banca por no hacer llegar el crédito a las empresas durante los años más duros de la crisis, que acabaron en casos por arrasar a sociedades con problemas de liquidez. Una de las medidas del ejecutivo nada más tomar posesión fue retirar 600.000 euros de una cuenta en Bankia como represalia por los deshaucios y no hacer llegar circulante a las empresas y anteayer se decidió incrementar las tasas por la ocupación del espacio público de los cajeros automáticos. Y ahora exige a la banca que cumpla con sus obligaciones tributarias.

El grupo de gobierno acaba de recabar datos acerca del padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y, tras cotejar la información con la Diputación, desveló que 81 propiedades de las entidades financieras tienen pendiente de pago el IBI del año pasado. Son en total cerca del 20% de las 576 notificaciones emitidas por otras tantas propiedades inmobiliarias en 2014. De esta cifra, al Concello le consta que 453 recibos del IBI fueron abonados, dos dados de baja y 81 están todavía sin pagar. En este censo se incluyen todo tipo de bienes inmuebles, no solamente viviendas. Las dos propiedades que no tributaron en el ayuntamiento, posiblemente fueron dadas de baja por un cambio de titularidad.

Tanto el primer teniente de alcalde, Nicolás González Casares, como la concejala de Facenda, Teresa Varela, mostraron su preocupación ante esta situación extraordinaria. Casares apunta que este escenario es "inquietante" pues el número de propiedades de la banca que no satisficieron sus obligaciones tributarias con el ayuntamiento es elevada y compara este caso con el de la ciudadanía, a quien se le exige escrupulosamente estar al corriente del pago del IBI.

Teresa Varela reclama a las entidades financieras que se pongan al día con el departamento municipal de Facenda. La concejala señala asimismo que "del pago del IBI no se puede escapar nadie y menos las entidades financieras", manifiesta. El grupo de gobierno no descarta que la tardanza en la liquidación de los recibos sea una estrategia de los bancos para, una vez vendidos sus bienes, cargarles el IBI de los mismos a sus nuevos titulares.

Otra opción que quizá estuvo manejando el ejecutivo local fue la de incrementar la presión fiscal en el IBI a los numerosos pisos propiedad de la banca que permanecen vacíos. Una parte muy importante de los bienes de entidades de crédito que participaron en promociones inmobiliarias fueron traspasados a la Sociedad de Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Rafael Cuiña señala, en este sentido, que imponer una mayor carga impositiva a las viviendas sin ocupar propiedad de los bancos es ilegal.

La propia Sareb también padece las consecuencias de, en una localidad como Lalín, haber recibido una cantidad ingente de pisos tras la reestructuración de entidades bancarias intervenidas. En la capital dezana hay promociones enteras con pisos que en ocasiones no se pueden vender -hay hogares desde poco más de 30.000 euros- por no estar acondicionados. Un ejemplo es el edificio de la calle Principal, promovido por Proinsa hace una década, y que quedó sin acabar. Para poner comercializar estas viviendas es preciso gastar dinero en su adecuación exterior e interior.