El PSOE denuncia en el Parlamento que cargos de la Xunta y del PP trabajaron para Prosem

Apunta a la directora xeral de Xuventude o a un edil del PP de A Estrada -Traballo alega que todas las empresas que imparten cursos son auditadas y que no se detectaron irregularidades

12.09.2015 | 02:55
Cecilia Vázquez. // Noé Parga

El caso de la empresa lalinense Prosem, investigada por un supuesto caso de fraude en la organización de cursos de formación de la Xunta, ha llegado al Parlamento de Galicia. La diputada socialista Marisol Soneira denunció la "endogamia" entre la Xunta y la sociedad dezana. Mediante una pregunta en la Comisión Institucional de la cámara autonómica advirtió de los "vínculos" que tienen los trabajadores y responsables de la empresa con el Partido Popular, Nuevas Generaciones -organización juvenil de este partido- o el Concello de A Estrada.

Soneira apuntó directamente a la actual directora xeral de Xuventude e Voluntariado, Cecilia Vázquez.Pidió que se aclarase si esta alto cargo del gobierno gallego formó parte de la plantilla de Prosem "pasando de prestar asistencia técnica a dirigir precisamente aquello sobre lo que estaba asesorando", dijo. La parlamentaria socialista ironizó con que se produjesen supuestos "despistes" en la inspección y controles del gobierno gallego con la actuación presuntamente irregular de Prosem. "Como mínimo supone una negligencia gravísima. El juzgado investiga ahora la celebración de cursos ficticios que los propios alumnos desconocían a pesar de tener certificada su asistencia y con profesores impartiendo clases en dos sitios distintos los mismos días y a las mismas horas". La diputada del PSdeG, además de preguntar qué hizo la Xunta por esclarecer los hechos que denuncia, interpeló a la directora xeral de Emprego e Formación, Ana María Díaz, por qué la Consellería de Traballo carece de mecanismos para detectar estas "irregularidades". Comparó el proceso judicial abierto contra Prosem -está ya en manos del Juzgado Número 1 de Lalín- con la Operación Zeta, "que tuvo que ser denunciada por una trabajadora" y que ahora está bloqueada a la espera de un informe de la Agencia Tributaria. Soneira se refiere a la investigación por un supuesto caso de fraude en la organización de cursos con epicentro en A Coruña.

La respuesta a estas acusaciones no se hizo esperar. Ana María Díaz rehusó aclarar si la directora xeral de Xuventude tuvo viculación con Prosem -esta Redacción pudo averiguar que sí existió antes de ocupar su actual puesto en la Xunta- y tampoco concretó a qué edil del PP de A Estrada se refería Soneira. La otra persona vinculada al Partido Popular con relación laboral en el pasado con Prosem sería un cargo de confianza de una consellería con responsabilidades en Nuevas Generaciones. La directora xeral de Emprego, como ya había hecho días atrás la titular de Traballo, Beatriz Mato, declaró que es la propia Xunta la que más interés tiene en que se esclarezcan posibles irregularidades. Indicó que la administración autonómica está colaborando estrechamente con el juzgado de Lalín que, a través de un auto, solicitó a la Xunta información referente a los cursos de formación tanto para desempleados como para ocupados, así como los controles y auditorías que se llevan a cabo. Díaz aportó en sus declaraciones un hecho clave: replicó a la diputada socialista que Prosem fue objeto de una auditoría "independiente" que "hizo su trabajo" y en la que no se habría puesto en duda que los seminarios formativos coordinados por la empresa lalinense no se hubiesen realizado correctamente.

Cabe apuntar que la consellería, en muchos casos, recurría a una empresa externa para supervisar la organización de los cursos con financiación pública -de la Xunta o con fondos europeos- que organizaban consultoras como Prosem, adjudicatarias de estos concursos. El sistema de control que se aplica en estos casos, según Díaz, consiste en que en los seminarios formativos para trabajadores ocupados la Xunta envía auditorías que siguen una muestra aleatoria que está en torno al 40%. "Eso no quiere decir que no pueda existir fraude, puede ser, pero la administración autonómica, en la medida de sus posibilidades, trata de evitarlo". La representante de la Consellería de Traballo no entiende cómo es posible que estos controles fallasen, pues entiende que el muestreo del 40% de los cursos es suficientemente amplio para "que si se hubiesen producido irregularidades se hubiesen detectado", reiteró. En todo caso insistió en que ahora es tiempo para que la administración de justicia "haga su trabajo" y una vez que haya "hechos acreditados, pruebas contundentes, ahí hablar".

La implicación de Prosem en un supuesto caso de fraude en la organización de cursos partió de una investigación de la Agencia Tributaria a la empresa lalinense. El 24 de agosto agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se incautaron en un registro de abundante documentación en su sede de la Avenida Bos Aires de Lalín. Una docena de ordenadores portátiles, discos duros, servidores o decenas de archivadores de papel fueron trasladados al cuartel, en el que al día siguiente se personaron en calidad de detenidos los dos hermanos de Lalín y la esposa de uno de ellos acusados de estafa y falsedad en documento público. Tras quedar en libertad con cargos, la empresa sigue funcionando con normalidad.

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