Lalín y los demás concellos gallegos con guarderías del Consorcio de Servizos de Igualdade e Benestar tienen un problema con la gestión de estos servicios educativos para niños de entre cero y tres años. La Xunta acaba de reclamar al ayuntamiento unos 900.000 euros de las liquidaciones practicadas entre las anualidades de 2008 y 2013 y el Concello se niega a pagar. Casares defendió esta postura recordando que los convenios suscritos en su momento contemplaban que la administración local se haría cargo de temas de mantenimiento, pero nunca del personal, como ahora trata de hacer la administración autonómica. Lo que realmente desea la Xunta es traspasar estos servicios a unos ayuntamientos que no son capaces de sostenerlos y además, entre otras cosas, por ser una competencia impropia.

La concejala del PP Paz Pérez hizo memoria y recordó que contra esta reclamación el anterior grupo de gobierno ya se había posicionado en contra y, aunque con matices, respaldarían la postura del gobierno de integración formado por Compromiso, PSOE y APAC. Con una transacional a la moción del ejecutivo salió adelante una demanda respaldada por todos los grupos. El PP pidió que se incluyesen en los próximos presupuestos una partida de unos 17.000 euros para asumir posibles mejoras precisas en los centros del polígono y del Pontiñas.

Casares también hizo mención a la decisión de la consellería de rebajar en tres puestos de trabajo el cuadro de personal de las dos guarderías. A su juicio la justificación aludida por la Xunta para esta decisión no se sostiene -un descenso en el número de matrículas- cuando en la guardería situada al lado del lago Pontiñas ya existe lista de espera y para la otra están llegando peticiones de matrícula. El acuerdo unánime determina que la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) negocie un acuerdo marco para todos los ayuntamientos que, como a Lalín, la consellería le reclama fondos atribuidos al personal de estos centros educativos públicos.