El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Pontevedra ha admitido a trámite un recurso interpuesto contra el acuerdo de concesión de licencia a la ampliación del cementerio de A Estrada, ubicado en el lugar de Figueiroa de Abaixo. Este procedimiento fue promovido por diversos afectados y detractores del proyecto, que consideran que la decisión del gobierno local adoptada en junta el pasado 4 de mayo responde a un acuerdo "presuntamente ilegal".
Los opositores y afectados por el proyecto de expansión del camposanto estradense decidieron presentar el recurso al considerar que la concesión de licencia de obra que el ejecutivo local adoptó en junta se trata de un acuerdo "presuntamente ilegal". Entienden en esta línea que es contrario a diversas normas de tipo sanitario y urbanístico. De igual forma, los mismos denuncian que la licencia fue otorgada al amparo del decreto 207/2006, de 16 de noviembre, que, tal y como detallan, ha sido anulado por diversas sentencias judiciales.
Además, consideran los detractores que el alcance de las circunstancias los ha impulsado a solicitar también la adopción de la medida cautelar de suspensión de dicho acuerdo del Concello de A Estrada. Según explican, con esta decisión pretenden evitar los "previsibles perjuicios" que representarían para los afectados y para el erario público el inicio de las obras de ampliación del cementerio en caso de que la Justicia estimase oportuno anular el acuerdo municipal. Proponen por ello mantener la suspensión las actuaciones a la espera de sentencia.
La oposición a la ampliación pretendida para el cementerio parroquial de Figueiroa ya había anunciado en su momento su intención de recurrir la decisión adoptada por la junta de gobierno local. Por aquel entonces, contemplaban tomar cartas en el asunto presentando un recurso de alzada ante la resolución. Si dicha demanda no percibía respuesta, se planteaban el recurso a la vía judicial. "Estamos totalmente convencidos de que es ilegal", manifestaron, y aseguraron que "podría tener consecuencias penales". Finalmente, optaron por acudir a los tribunales.
Estos vecinos presentaron en su día un amplio escrito en las oficinas municipales advirtiendo de la situación. Indicaron que el proyecto "se encuentra claramente en situación de fuera de ordenación total", lo que significa que "las únicas obras admisibles sean las de mera conservación". Aseguraron también que se incumplen los mínimos exigidos en distancia a las casas más próximas y, mediante aquel escrito, incidieron en la inexistencia de un informe hidrogeológico que acredite que no hay peligro de contaminación de ningún establecimiento de agua.
La licencia para las obras otorgada por la junta de gobierno el pasado mayo contemplaba además la ejecución de actuaciones simultáneas para incrementar el camposanto y, al mismo tiempo, proceder a la regularización de la vieja expansión de los terrenos.
