La sección cuarta de la Audiencia Provincial aplazó ayer el juicio contra José Carlos C.A., por un delito de lesiones contra su expareja, debido a que la víctima renunció al abogado de oficio momentos antes de iniciarse la vista oral. Para continuar todo el proceso, es preciso que la mujer designe a su nuevo representante legal.

Los hechos que se van a juzgar se produjeron en Lalín y se remontan a casi nueve años atrás. El 19 de noviembre de 2006, el agresor -de nacionalidad portuguesa pero residente en la cabecera dezana- y su pareja discuten porque ella quiere romper la relación afectiva y abandonar el piso que compartían ambos. El hombre rocía a la mujer con un bote de alcohol etílico y le prende fuego con un mechero. Las llamas se propagan a tal velocidad que la víctima, para sofocarlas, tiene que sumergirse en la bañera.

Según relata la Fiscalía en su escrito de conclusiones, esta agresión quema el 6% de la superficie corporal de la mujer, afectando sobre todo a la zona cervical anterior, retroauricular, maxilar, torácica anterior superior y al área mamaria. De igual modo, sufre quemaduras en las zonas periaxilares bilaterales y en las manos. Pero los daños van más allá de la dimensión física, ya que también se le diagnosticó estrés postraumático y amenorrea psicógena secundaria.

La mujer estuvo hospitalizada durante 35 días. Pero la recuperación se extendió durante 20 meses más, ya que hubo sucesivas intervenciones quirúrgicas para "el desbridamiento del tejido necrótico y la colocación de injerto cutáneo", como recuerda el escrito de la acusación particular. La mujer tuvo que hacer frente, además, a sesiones de curas, tratamientos tópicos y al uso de un collar cervical para evitar la retroacción de los tejidos.

Tras esos 651 días que transcurrieron hasta la curación, la víctima presenta diversas secuelas, , como cicatrices en el costado, el pecho y en parte de la mandíbula. A causa de la brutal agresión también perdió movilidad cervical por la formación de tejido cicatricial, amén de "un trastorno por estrés postraumático en grado importante" y la necesidad de más operaciones para paliar las cicatrices. Todos estos hechos constituyen un delito de agresiones, para los que el fiscal pide 10 años de prisión y una indemnización de 198.835 euros. Además, José Carlos C.A. no podrá acercarse a la víctima ni a su domicilio, ni tampoco comunicarse con ella por un periodo de 20 años.