El pediatra Ángel Suárez Serrano, condenado a prisión por abusos a una menor en su consulta privada de Lalín, recurrirá ante el Tribunal Constitucional la sentencia en la que lo condena a una pena de prisión de tres años, cuatro meses y quince días, así como a una indemnización de 15.000 euros y a mantenerse al menos a 100 metros de distancia de la joven. El fallo, dado a conocer hace solo tres días, establece asimismo que el médico ya jubilado no podrá comunicarse con ella a través de cualquier medio.

La defensa del facultativo señala que casi con toda seguridad se registrará un recurso de amparo ante el Constitucional. ¿Los motivos? Su abogado aduce que la sentencia no resuelve en parte el recurso -desestimado por el juez de la Audiencia Provincial- e interpreta que el fallo entra en cuestiones más de índole "personalista". "La decisión del juez no tiene pies ni cabeza, no entra al fondo del debate, no resuelve el recurso desde el punto de vista jurídico y soslaya el fondo del debate", comenta el letrado ourensano José Manuel García. Lo que solicitará ahora la defensa de Suárez Serrano es la suspensión de la ejecución de la sentencia y aplazar el ingreso en prisión de su cliente. Será precisamente el titular de la sala provincial el que decida si cabe esta posibilidad, que el abogado estima que sí debería, o si por contra la rechaza. El letrado reconoce que solo instancias superiores -en este caso el Constitucional- pueden revocar una la sentencia del Juzgado de lo Penal Número 1 de Pontevedra, recurrida por el abogado de Serrano y desestimada. La Audiencia Provincial respaldó lo que recoge la sentencia del Juzgado de lo Penal sobre dicha cuestión: aunque se hubiese invalidado la grabación que efectuó la joven, tanto los exámenes psicológicos como forenses a los que se sometió, además de su propio testimonio, el de su madre y el de los técnicos del Imelga habrían sido suficientes para que el fallo judicial condenase, igualmente, al pediatra.

Pero además el letrado del médico compostelano, afincado en Lalín desde 1977, presentó otro escrito en la sala en el que pide que se le dé traslado de la sentencia en castellano. Arguye que el lenguaje empleado por el juez "es ininteligible" y plantea que se pueda analizarla en el idioma autóctono, pero de uso más o menos normativo. "Si quiere dictar sentencia en gallego me parece muy bien, pero esto va a ir a un tribunal que no lo utiliza. De todas formas hay vocablos que no están claros", recalca el abogado, en alusión a que el texto en gallego tal y como le fue remitido a las partes no le permite trabajar en el recurso. De este escrito sobre el idioma del fallo espera recibir una contestación. Una vez sea analizada la petición del representante legal del condenado, será la audiencia la que valore si cabe lugar o no a la revisión de la sentencia.

Cabe recordar que el pediatra fue detenido en marzo de 2013 por supuestos abusos a una menor. Como prueba, su abogado había presentado una grabación de un vídeo realizado por la víctima en la que se veían los tocamientos.