Tras conocer por la prensa que el gobierno local de A Estrada proyecta otorgarle el próximo lunes al Arzobispado de Santiago la licencia de obras que solicitó para ampliar el cementerio parroquial de San Paio en Figueiroa de Abaixo con la obligatoriedad de que simultáneamente a la ejecución de las obras regularice la situación del antiguo cementerio para poder obtener la autorización de uso y puesta en funcionamiento, la oposición a la ampliación del camposanto presentó el jueves un extenso escrito en el consistorio advirtiéndole al alcalde José López Campos que se le deniegue al Arzobispado la licencia solicitada porque su concesión sería "ilegal" debido a que carece de "autorización sanitaria y de las licencias de actividad y funcionamiento además de haberse ejecutado sin la preceptiva licencia de obras". Apunta que darle licencia podría tener "consecuencias jurídicas".

Agrega que precisamente por haber sido ejecutado sin licencia de obras y autorización autonómica y carecer de las licencias de actividad y funcionamiento y de la autorización sanitaria el camposanto "se encuentra claramente en situación de fuera de ordenación total", lo que conlleva que "las únicas obras admisibles" sean "las de mera conservación y las necesarias para el mantenimiento del uso preexistente". Recalca que "las obras de ampliación se encuentran expresamente prohibidas en edificaciones en situación de fuera de ordenación total".

Añade que en el propio expediente obran informes de técnicos municipales y uno del Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental de la Xunta que apuntan que debido a que el cementerio no está legalizado no se puede efectuar ampliación alguna. Pero todavía va más allá y estima que el Concello, al tener constancia de la situación, "tendría que haber procedido sin dilación al cierre y a la clausura de las instalaciones". Para reforzar esta tesis alude a una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) relativa al cementerio de Luou, en Teo. Entiende que el Concello no solo debería denegar la licencia sino además proceder a la "inmediata clausura" del camposanto de Figueiroa "impidiendo su uso".

Asimismo, niega que el proyecto de ampliación disponga de autorización de Sanidade. Si bien admite que sendas resoluciones de fecha 14 de marzo y 1 de abril de 2014 informaban favorablemente el proyecto, considera que no son válidos porque se emitieron sin que el expediente administrativo estuviese completo "faltando documentos tan esenciales como el informe urbanístico favorable del ayuntamiento o el informe hidrogeológico o las propias alegaciones de los vecinos".

Considera que corrobora tal afirmación el informe de 20 de abril de este año emitido por la jefa territorial de la Consellería de Sanidade en Pontevedra que recoge que "la autoridad sanitaria entiende que resulta necesario y urgente el inicio de un expediente de regularización del cementerio preexistente a fin de evitar situaciones que impidan culminar satisfactoriamente el proceso autorizatorio iniciado en su día". Incide también en que ese informe alude al incumplimiento del régimen de distancias y observa que guarda silencio sobre la carencia del informe hidrogeológico previo.

Por lo que respecta al régimen de distancias, señala que una medida de índole sanitaria que se incumple es que las instalaciones del cementerio -midiéndolas desde su cierre exterior- "cuenten con una zona de protección de al menos 50 metros de ancho en la que no podrá existir ninguna suerte de edificación". Hace notar que sí hay viviendas unifamiliares y construcciones que quedan dentro de esa zona de protección.

También apunta que "el proyecto afecta a suelo urbano consolidado sin que el uso de cementerio se encuentre previsto en dicha clase de suelo" considerando que si se otorgase la licencia sería una reserva de dispensación expresamente prohibida en la legislación urbanística autonómica, que establece que ese tipo de reservas de dispensación que se contuviesen en planes y ordenanzas serían "nulas de pleno derecho" y las que se concediesen al margen de ellas, también.

La oposición a la ampliación del cementerio también demanda la realización de "un nuevo trámite de información pública puesto que en el realizado los interesados no han tenido acceso a la totalidad del expediente como así lo corrobora el informe de 26 de enero de 2015 en el que se hace referencia a trámites e informes realizados en el seno del expediente con posterioridad al trámite de información pública".