El BNG de Lalín considera no solo crucial, sino necesario, que el gobierno local se implique con todas las consecuencias en el mantenimiento del partido judicial. Aunque su postura ya era conocida, a raíz de los primeros movimientos del PSOE, la agrupación frentista quiso dejar claro ayer que no es tolerable que la capital dezana pueda perder este privilegio como establece el proyecto de ley del Gobierno central.

La parlamentaria autonómica del Bloque, Carme Adán, se desplazó ayer hasta Lalín para, acompañada del edil José Luis Fernández Sucasas, conminar al ejecutivo local a actuar con determinación en este asunto. Adán dijo que la población de Lalín no puede permitir el cierre de los juzgados y su posible dependencia de Pontevedra en la administración de justicia. La nacionalista, que avanzó la presentación de sendas iniciativas en este sentido en el Congreso de los Diputados y en la cámara autonómica, dijo que el alcalde de Lalín, José Crespo, debe pedir a su partido la retirada del anteproyecto de ley por ser muy lesivo para el municipio y la comarca. "El PP no puede actuar como gobierno y oposición a la vez, Crespo debe posicionarse claramente en contra", apostilló, no sin antes recordar las tibias posiciones de distintos miembros de los populares en Galicia acerca de la reforma de las plantas judiciales. Carme Adán pidió la creación de una mesa de trabajo con representación de los grupos políticos gallegos, profesionales del Derecho y Concellos para la defensa del actual modelo. Tampoco se olvidó de la ciudadanía, que será la verdadera perjudicada en caso de que prospere la medida, a quien pidió que fuese insumisa con el ejecutivo central al margen de la posición política que tuviese. "No valen los dobles discursos y una reforma podría analizarse, pero no como esta, que en Galicia, por sus especificidades, no sirve con un modelo de tribunales en provincias". "Esto es algo catastrófico para Lalín", declaró.

Adán mencionó la subida de tasas judiciales que, sumada al nuevo modelo de organización de la administración de justicia, pretende claramente alejar al ciudadano de esta prestación esencial. Sobre el supuesto ahorro en la reordenación de las plantas judiciales, Adán desautorizó este argumento por entender que no habrá tal recorto de gastos y aludió en el caso concreto de Lalín a la inversión reciente de la Xunta en la construcción de los nuevos juzgados de O Regueiriño. En este sentido dijo que, quizá por el volumen de trabajo de las salas dezanas no era descabellado habilitar un nuevo juzgado junto a los dos ya existentes.