Al mismo tiempo que inician su campaña de recogida de firmas, los profesionales del derecho pegarán carteles a partir de hoy en diversos puntos de la comarca en los que dejan claro que la Ley Gallardón solo conseguirá "dificultar y limitar el acceso a la justicia", para trámites tan diversos como desde divorciarse hasta reclamar una deuda o solicitar un forense por un accidente de tráfico.

En la situación actual, cualquier desplazamiento a los juzgados de Lalín o A Estrada no supone un viaje superior a los 60 kilómetros. Si prospera la reforma de la justicia, habrá 120 kilómetros de distancia, que tendrá que cubrir o que pagar una población cada vez más envejecida. "Con esta reforma no se gana en facilidades ni en rapidez, no se gana en nada", apuntan los abogados. Estos profesionales señalan que ya hoy en día son muchos los vecinos que utilizan el taxi para acudir a los juzgados, con lo que si tienen que desplazarse a Pontevedra el gasto en este medio de transporte será mucho más elevado. "Esta reforma va en la línea del gobierno, que no piensa en el ciudadano u que cree que los recortes o medidas han de recaer siempre en el mismo, en el ciudadano medio", apuntan, en un comunicado, abogados y procuradores, que ya han visto cómo desde la aplicación de las tasas judiciales, desde noviembre de 2012, el volumen de litigios se ha reducido de forma considerable.

Para estos profesionales, al igual que para buena parte de la ciudadanía y los políticos locales, carece de solidez el argumento de que la nueva reforma aligerará la pendencia que presentan actualmente los partidos judiciales de la zona.