Fuentes de Vicepresidencia y la Consellería de Presidencia, Administracións Locais e Xustiza negaron ayer tajantemente haberle dado orden al personal de los juzgados de dedicar parte de su jornada laboral a expurgar viejos expedientes judiciales. De este modo, la Xunta respondía a las acusaciones realizadas por el delegado sindical del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) por la provincia de Pontevedra, Enrique Araujo Martínez, que denunciaba que la actividad de los juzgados Número 1 de A Estrada y Número 1 de Lalín se está viendo ralentizada por el expurgo de 55.000 viejos expedientes -32.500 en A Estrada y 22.500 en Lalín- y acusaba a la Dirección Xeral de Xustiza y a la Consellería de Presidencia de querer "hacer a coste cero" ese expurgo, "obligando al personal de Xustiza a realizar la relación de expedientes y la informatización de sus datos básicos. Ayer Vicepresidencia negó haberlo hecho y aseguró que, en todo caso, ese tipo de órdenes dependen del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG).
