La comarca de Tabeirós-Terra de Montes hará suya la defensa de la actual planta judicial que ya hace el Colegio de Abogados de Pontevedra en los dos informes que emitió para oponerse al anteproyecto de ley que, de prosperar, eliminaría el partido judicial de A Estrada así como la gran mayoría de los que existen actualmente en Galicia. De hecho, el último informe elaborado al respecto por el Colegio de Abogados de Pontevedra se pondrá sobre la mesa de los distintos concellos de la comarca buscando que todas las fuerzas políticas con representación municipal avalen en pleno su argumentación.

Así se acordó en una reunión celebrada en la tarde de ayer en A Estrada con asistencia del decano del Colegio de Abogados de Pontevedra, Ramón Jáudenes; del representante del Colegio de Procuradores de Pontevedra en A Estrada, Francisco Javier Fernández Somoza; de la delegada del Colegio de Abogados en A Estrada, Teresa Bouzón; los alcaldes de A Estrada y Forcarei, José López y Belén Cachafeiro; de los ediles populares Alberto Blanco y Amalia Goldar; y de las ediles socialistas estradenses Belén Louzao y Mónica Magariños. Problemas de agenda del alcalde de Cerdedo y del edil nacionalista de A Estrada impidieron que asistieran a la sesión -si bien José Balseiros ya había dicho de antemano que apoyaría lo que esta acordase-en tanto que un malentendido entre gobierno y oposición estradense motivó que los grupos políticos de la oposición de Forcarei y Cerdedo no fuesen convocados, pese a lo acordado en el pleno del jueves en A Estrada. No obstante, se pretende recabar el apoyo de todos buscando la unidad de acción que más puede favorecer que se alcance el objetivo fijado: la continuidad de los juzgados de A Estrada, de los de paz de Forcarei y Cerdedo así como del servicio de Registro Civil de que disponen actualmente los ciudadanos de la comarca.

Para ello, se pretende consensuar en cada uno de los ayuntamientos un pronunciamiento plenario conjunto que incluirá la argumentación de los informes del Colegio de Abogados de Pontevedra. Este recibiría luego los pronunciamientos plenarios y los remitiría al Colegio de Abogados de Galicia. De este modo, la comarca defendería su partido judicial de manera coordinada con los demás. Se pretende trasladar una imagen de unidad y de rechazo a la reestructuración prevista, buscando un movimiento "de abajo arriba" que llegue a la Xunta -para que también respalde la continuidad de los juzgados gallegos tal y como están en la actualidad- y, al Consejo General de la Abogacía para que este lo remita al Consejo General del Poder Judicial. También se pretende que llegue al Ministerio de Justicia para que finalmente este decida mantener la actual demarcación judicial.

Para ello, se le pretende dejar claro que la reforma causaría "mucho daño a la ciudadanía", en palabras de Fernández Somoza, que valoró muy positivamente la reunión convocada por la corporación local estradense, con la que los procuradores ya tenían previsto contactar para recabar su apoyo. Tanto él como la delegada del Colegio de Abogados en A Estrada, Teresa Bouzón, señalaron que la dispersión poblacional de Galicia y la carencia de infraestructuras viarias adecuadas, de transporte público y de instalaciones judiciales suficientes para gestionar todos los asuntos judiciales en solo 7 localidades aconsejan mantener la actual distribución de los juzgados en Galicia.