El Colexio de Procuradores de Pontevedra se adhiere a la defensa de la planta judicial de Lalín, cuya continuidad está en serio peligro si sale adelante el actual anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Así se lo hizo saber ayer su decano, Xesús Martínez Melón, al alcalde lalinense, José Crespo, durante la reunión que mantuvieron en el consistorio para consensuar posturas comunes en defensa del partido judicial de Lalín. En el encuentro también tomaron parte Luis Rodríguez Vázquez, concejal de Comercio e Industria de Silleda, y Manuel Nistal, representante de los procuradores dezanos.

Martínez Melón transmitió su preocupación por los cambios que implicaría la aplicación del borrador del anteproyecto de LOPJ y las posibles medidas a adoptar para mantener la actual planta judicial de Lalín. El representante de los procuradores de la provinca se manifestó en la misma línea en que lo había hecho el decano de los abogados de Pontevedra hace una semana en otra reunión con Crespo. Martínez Melón considera necesario que Lalín "conserve una sede desplazada permanente del juzgado de primera instancia, al estilo de la que estaría prevista para Vigo, pero con menos salas, lo que implicaría que serían salas toalmente operativas", manifiesta el decano.

Como hicieron los abogados, el colectivo de procuradores ha elaborado un informe en el que se detallan las particularidades que observa en el borrador de la LOPJ y que, en lo esencial, coincide con lo argumentado por el colegio de abogados. El escrito será remitido a la Xunta de Galicia para que, con posterioridad, se lo envíe al Gobierno de España. Precisamente, el ejecutivo autonómico cuenta con un informe propio en el que muestra su apoyo al mantenimiento de los partidos judiciales existentes en la actualidad, incluidos los de Lalín y A Estrada, como dio a conocer el pasado sábado FARO DE VIGO.

Crespo explicó al decano las acciones llevadas a cabo desde los concellos dezanos, como la aprobación por unanimidad en todos ellos de una moción en defensa de la planta judicial actual y le anunció la celebración de próximas reuniones con nuevos colectivos, como el de empresarios, para seguir sumando adhesiones al mantenimiento de la entidad judicial de Lalín.

Coincidiendo con los planteamientos de Martínez Melón, el alcalde fija en la distancia a Pontevedra -la LOPJ propone las capitales provinciales como sedes judiciales-, en el equilibrio territorial, en la fijación de población y en el acercamiento de los servicios a los administrados los principales argumentos para defender que Lalín mantenga la actual planta judicial.