El gobierno lalinense ordenó a los técnicos municipales la elaboración de un informe referido a la instalación de sistemas de videovigilancia en edificios o espacios públicos. La realización del informe parte de una iniciativa de la asociación Movemento polos Dereitos Civís, que desea conocer, también en otros municipios gallegos, los motivos que justifican la puesta en marcha de estos mecanismos.
En el caso de Lalín las cámaras de videovigilancia están colocadas en varios puntos de la casa consistorial para controlar sus exteriores y poder aclarar cualquier acto vandálico posible contra el Castro Tecnolóxico. Su instalación precisa de una autorización de la Xunta, que tiempo atrás había sido renovada por el ayuntamiento, una vez que las cámaras funcionan desde hace años. Las otras cámaras de vigilancia habilitadas por la administración local están en el Pazo de Liñares, pues dada la ubicación de la casona, podría ser objeto de actos vandálicos u otros asaltos de mayor entidad.
Una vez acabado el informe será remitido, en principio, a esta asociación. Movemento polos Dereitos Civís también instó al Concello de A Estrada a que diese cuenta de por qué se habilitaron en la localidad puntos de vigilancia por circuito de televisión. Como no obtuvo respuesta, ahora es el Valedor do Pobo el que exige al Concello que informe sobre este asunto.
