La asociación Movemento polos Dereitos Civís informó ayer que se puso en contacto con el Concello de A Estrada para conocer los "motivos objetivos" por los que apuestan por la videovigilancia, pero aun "no contestaron" a las preguntas. Ante este silencio, es ahora el Valedor do Pobo el que le exige a la administración local que responda antes del próximo 15 de junio a las cuestiones planteadas por la asociación Dereitos Civís.
El colectivo asegura que en el escrito enviado a los ayuntamientos les explica que "la proliferación de peticiones para la instalación de estos dispositivos para fines de lo más variado y poco justificados, llevó a la Delegación del Gobierno en Galicia a emitir una circular donde se informa a los ayuntamientos de la excepcionalidad del uso de la videovigilancia en lugares públicos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
Además, mantienen que para ellos también son vinculantes los informes de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de Galicia que se elaboran "ateniéndose a criterios estrictos de garantía de los derechos fundamentales", principalmente "derecho a la intimidad", así como de la necesidad de "una mejor documentación de las solicitudes".
Movemento polos Dereitos Civís recordó que existen varios estudios internacionales que muestran "escasos resultados" con el uso de las cámaras de videovigilancia para "reducir la delincuencia o los actos de vandalismo". Además, afirman que en el año 2009, la Universidad de Málaga realizó un estudio sobre la prevención de la delincuencia en las calles mediante videocámaras y se valoró "la efectividad de otros métodos como la iluminación de las calles o un diseño viario que dificulte la huida, así como el uso de mobiliario urbano para evitar la delincuencia como métodos más eficaces".
Desde la asociación quisieron manifestar ayer que "la instalación de videocámaras tiene como efecto la creación de una sensación subjetiva de seguridad". Aseguran que así lo dejó claro "el comisario jefe de la Policía Local de Lugo" en un informe presentado en un proceso judicial donde afirmó que "las cámaras son útiles porque crean esta sensación, algo muy diferente es la seguridad real y crean simplemente un efecto placebo en la ciudadanía". Actualmente, la asociación también espera la respuesta del Concello de Lalín y de otros municipios de Galicia como Cervo, Carballo, Melide y Ponte Caldelas.
A finales del año 2013, el Concello de A Estrada instaló un sistema de videovigilancia en el Teatro Principal y en el recinto feiral de Guimarei que comenzó a aplicarse a principios de este año. En el teatro se colocaron seis cámaras, tres de ellas en el pasillo de acceso, una en la parte de atrás del edificio y otras dos en las entradas, tanto en la principal como en la lateral. En cuanto al mercado municipal de Guimarei, se preinstalaron un total de cuatro cámaras. En ambos casos el objetivo del Concello es que estos elementos tengan un carácter disuasorio y ayuden a evitar actos vandálicos y robos. De hecho, se apostó por colocar este sistema de videovigilancia en Guimarei tras haberse registrado varios robos en estas dependencias municipales. El polígono de Toedo ya cuenta con este sistema de videovigilancia desde hace tiempo.
Además, existe otra cámara de menor tamaño en una de las farolas de la Praza da Feira pero que no forma parte del sistema de videovigilancia sino que se trata de cámaras que tendrán intereses exclusivamente turísticos.
