La Xunta ha recurrido el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que la condena a pagar unos 31 millones de euros por las expropiaciones del Paseo do Pontiñas de Lalín. La sorpresiva decisión de Augas de Galicia se produjo días después de que la administración autonómica recibiese el fallo, pero lo más curioso es que apoya su recurso en los mismos argumentos rechazados por el alto tribunal autonómico en la sentencia adelantada por FARO a finales del mes pasado. Es decir, Augas de Galicia propone de nuevo la reversión de las fincas afectadas a sus dueños -el concello perdería este espacio público- y que las familias cuyos titulares de los predios falleciesen desde entonces no tengan derecho a recibir compensación económica alguna.

El abogado de los vecinos, José Luis Fernández Pedreira, se muestra más que sorprendido por esta nueva decisión de la Xunta, condenada en varias ocasiones por este asunto. Cabe recordar que una sentencia anterior del TSXG ya había obligado a la administración gallega a pagar, en 2006, algo más de 8,2 millones de euros. Pero este recurso, cuyo alcance podría conocerse en el plazo en unas semanas, puede traer una consecuencias más graves para la consellería, sobre todo porque se formula ante la misma sala que días atrás ya le dio la razón a los dueños de las fincas. "Para una administración es sencillo, como no tiene que pagar tasas, que las pagamos los ciudadanos...", manifiesta Pedreira. El letrado avisa que en caso de que la justicia vuelva a darle la razón a sus clientes deberían depurarse responsabilidades. "Tirar con la pólvora del rey es muy sencillo, cualquiera es un valiente", sentencia.

Tras conocer el recurso de Augas de Galicia, Pedreira presentó otro en el que se reclama que se ejecute el auto, pero esta demanda es ahora más ambiciosa. "Trataremos de conseguir el cumplimiento de los intereses y si es posible, quizá puedan -sus clientes- cobrar todavía más".

Fernández Pedreira apunta que días atrás envió un "recado" a la consellería para tratar de conseguir lo que nunca se alcanzó estos años: unas negociaciones favorables a las dos partes. Porque cuando hace dos años una sentencia del TSXG ya les daba la razón a los propietarios de las fincas, trató sin éxito de acordar un plan de pagos para los entonces 26 millones de euros en los que la justicia estimaba el valor de las propiedades. De aquella cantidad gran parte correspondía a los intereses generados y la huida hacia adelante de Aguas de Galicia en este asunto no hace más que incrementar día a día el millonario montante económico a satisfacer a la treintena de particulares.

La clave de las sentencias favorables a los vecinos está en que la justicia estima que las fincas ocupadas hace más de una década para la construcción del paseo están calificadas como suelo urbano.