La propuesta del alcalde de Lalín, José Crespo, de presentar una moción en los seis municipios contra la reordenación de los partidos judiciales se dio a conocer tres semanas después de que el Consejo de Ministros aprobase el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta demora es la principal crítica que esgrime la oposición contra el segundo recorte que se producirá en la justicia, después de implantar, en noviembre de 2012, las tasas judiciales.
Es más, tanto el PSOE como el BNG presentarán en sus plenos sendas mociones contra el traslado de los partidos judiciales de Lalín y A Estrada a Pontevedra, para integrarse en lo que se llamará Tribunal de Instancia. El secretario xeral de los socialistas de Lalín, Nicolás González Casares, admite que "está bien que Crespo rectifique y que se acerque a nuestra postura, aunque nuestra moción es mucho más explícita". El PSOE apoyará la moción de los alcaldes, pero tendrá que decidir si presenta o no la suya. Casares se pregunta "por qué Crespo estuvo tan dubitativo y tan desinformado en una novedad legislativa" que en las últimas semanas ya hizo reaccionar a los gobiernos de Cangas o Caldas, donde se buscó el consenso político con los demás partidos, una cuestión que, hasta la fecha, no han hecho los ejecutivos dezanos del PP, indica Casares.
Desde el BNG, su vicerresponsable en A Estrada y Deza, Matías Rodríguez da Torre, cree que la demora con la que actúa Crespo no se debe a la desinformación, sino "a que tuvo que reaccionar tras encontrarse con la oposición de la ciudadanía". Para el también portavoz del Bloque en Silleda, el consenso entre los alcaldes dezanos del PP -y del socialista Manuel Cuiña- no es otra cosa que "una estratagema para hacer un frente común con una cuestión puntual", ya que la política local del PP se basa "en hacer seguidismo de lo que se marca desde Madrid: políticas antisociales que atacan los derechos básicos conseguidos después de 35 años".
En su moción de partido, el BNG insiste en que, en contra de lo que pretende el ministro Alberto Ruiz Gallardón, son necesarios más juzgados debido a los cambios demográficos y territoriales. Por eso, defiende que se retire el anteproyecto y que, en su lugar, sea el gobierno autonómico -y no Madrid- quien diseñe la demarcación judicial. Para ello, un grupo de trabajo debería elaborar un modelo en base a las características de la comunidad.
Los partidos minoritarios que conforman la oposición política también apoyarán la moción, pero en aras de evitar "el desmantelamiento de la comarca", apunta el líder de Independientes de Rodeiro, Manuel Salgado. El portavoz del Partido Galeguista Demócrata de Lalín, Camilo Conde, se unirá a la moción de los alcaldes "porque puede haber reordenación interna de los partidos judiciales, pero hay que mantenerlos cerca de los ciudadanos".
El portavoz del Grupo Mixto de Agolada, Manuel Ferro, es más crítico. Va a abstenerse "porque no es lógico que esta cuestión, como la reforma local, se arregle desde Madrid mientras los gobiernos locales están en contra. Todos ellos están acomodados en el poder".
