Después de unos días titubeante el alcalde de Lalín, José Crespo, anunció ayer una ofensiva contra el desmantelamiento del partido judicial dezano cuya capitalidad recae en Lalín. El munícipe reunió a todos los alcaldes de la zona -Silleda es el único gobierno socialista- para coordinar un frente común contra las consecuencias que tendría la propuesta del ministro Gallardón tanto en Lalín como en el resto de los cinco territorios de la comarca. El primer paso, por unanimidad, consiste en la presentación de iniciativas plenarias en todos los ayuntamientos instando a Estado y Xunta a mantener invariable la organización actual de este servicio; es decir, los juzgados en Lalín y los juzgados de paz en cada localidad.
Crespo cargó contra la reforma de la justicia desde varias perspectivas. "No conozco a ningún alcalde de Galicia que haya respaldado este asunto", dijo. Por un lado se refirió a la necesidad de mantener los juzgados en Lalín tanto en cuanto son un servicio público cercano al ciudadano y también porque el Concello cedió uno de sus mejores solares a la Xunta -en O Regueiriño- para la construcción de las nuevas sedes judiciales en las que la administración autonómica invirtió 1,8 millones de euros e inauguradas en 2006. "Hay que amortizar la inversión". Parte de su intervención la apoyó en lo que representa la pérdida de prestaciones al ciudadano si desde la administración central se apuesta por concentrar los servicios en las grandes ciudades. "A la hora de tomar decisiones políticas hay que tener en cuenta el reequilibrio territorial; algo que siempre estoy reclamando. Voy a trabajar con uñas y dientes en la defensa de los juzgados y llegaré allí hasta donde tenga posibilidad, porque esto no es solo bueno para Lalín, sino también para Deza", advirtió.
Para articular esta reivindicación los gobiernos de cada concello -todos del PP salvo Silleda, del PSOE- presentarán en sus plenos una moción conjunta a la que podrán sumarse los grupos de la oposición de cada localidad. Se asienta en seis puntos y se trata de una propuesta de máximos, pues se insta al Estado a preservar la sede judicial dezana en las condiciones actuales. También se demanda el mantenimiento de los juzgados de paz y la "defensa de la organización territorial judicial actual". Asimismo se plantea dar traslado de esta propuesta a la Xunta, Colegio Provincial de Abogados y Procuradores de Pontevedra y al Consejo General del Poder Judicial. Por último, Crespo explicó que desde cada una de las administraciones locales se dirigirán a los colectivos representativos de la comarca para recabar su apoyo, nominalmente a los abogados, procuradores, colectivos de empresarios o de comerciantes. El munícipe, que tras conocer por FARO la repercusión del borrador de ley a comienzos de este mes, no quiso hacer demasiado ruido con este asunto, ahora cierra filas junto a los demás alcaldes para defender "una cuestión vital para nosotros".
Otros de los argumentos esgrimidos por Crespo para pelear por el partido judicial es la distancia a Pontevedra -más de 80 kilómetros-, algo que acarrearía un perjuicio para los vecinos a la hora de acceder a este servicio público. También hizo hincapié en la importante carga de trabajo que tienen los dos juzgados de Lalín en un edificio que, por infraestructura, podría albergar incluso otra sala más. La ligitiosidad alta y la prestación cercana de este servicio a las empresas fue otra de las cuestiones tenidas en cuenta a la hora de dar un paso adelante en defensa del modelo actual. José Crespo quiso agradecer a sus compañeros que aceptasen sin fisuras su propuesta, cerrada en el transcurso de una reunión celebrada anteayer en el auditorio municipal. Solo faltó por un problema de agenda el primer edil de Rodeiro, Luis López, mientras que por Dozón acudió el teniente de alcalde, Adolfo Campos Vázquez. Crespo está dispuesto a llevar esta moción al próximo pleno, aunque aceptaría posponerla un mes si así lo sugiere la oposición.
Sede desplazada
El regidor desveló que tuvo acceso tiempo atrás a dos borradores de la reforma de la justicia y en todos Lalín mantenía sus juzgados. En la provincia solo quedaban, también, los de Vigo y Pontevedra. Sobre la sede desplazada dijo que sería un mal menor, pero todavía se desconoce con exactitud qué papel tendrían estas sedes dependientes de cada capital de provincia.
