La senadora Paula Fernández Pena ha presentado en la Cámara Alta una batería de preguntas al Gobierno para conocer el "supuesto ahorro" que supondrá para las arcas estatales la supresión de los partidos judiciales de Lalín y A Estrada y el coste de convertirlos en sedes desplazadas.
La política silledense considera que el argumento de austeridad que se esgrime "se cae por su propio peso cuando la inversión para habilitar nuevos juzgados en Pontevedra es muy superior al pírrico ahorro que conseguirán por dejar las comarcas de Deza y Tabeirós sin servicios de justicia", argumenta Fernández Pena
La socialista pide que se aclare cuántos procedimientos se tramitan en ambos partidos, qué trámites se están realizando en los juzgados de paz de la comarca y cuántos procedimientos de jurisdicción voluntaria, juicios de faltas y exhortos se han tramitado. "Son muchos los ciudadanos que usan los juzgados de paz de Silleda, Vila de Cruces, Rodeiro, Agolada, Dozón, Forcarei o Cerdedo y que gracias al PP tendrán que desplazarse fuera de sus localidades", añade. Fernández recuerda que los profesionales defienden que, "por lo menos, el partido judicial de Lalín, por su volumen de trabajo, necesita un nuevo juzgado, y no que se convierta en una sede desplazada", y pregunta también cuántos profesionales de la judicatura dejarán de trabajar en la zona una vez que se lleve a cabo "esta ilógica reforma que nadie quiere, salvo al parecer, ahora, el propio alcalde de Lalín".
Servicio de seguridad
Cinco agentes de la Policía Nacional -tres en A Estrada y dos en Lalín- se encargarán de la seguridad de sendos juzgados, en base a la renovación del convenio entre la Xunta y el Ministerio de Interior para mantener el servicio, aprobada ayer por el Consello da Xunta.
