El Concello de Lalín deberá hacer frente al pago de 90.000 euros por las polémicas obras del auditorio municipal, acometidas en 2003 por la sociedad formada por Proinsa y Fernández Sarmiento. El proceso parte cuando el ayuntamiento se negó a abonar a la UTE la liquidación por el citado importe de las obras por entender que había deficiencias que no habían sido solventadas por parte de las citadas sociedades.

Hace ahora dos años, el alcalde, José Crespo, indicó que las certificaciones reclamadas por Proinsa eran falsas y anunció que el conflicto se solventaría mediante un contencioso, ahora contrario a los intereses del ayuntamiento. El gobierno defendió entonces que Proinsa se apoyó en unas certificaciones de obra falsas para presentarlas en los bancos y obtener liquidez. En medio de este conflicto apareció también el exfuncionario Hervé Fernández, arquitecto técnico municipal. La empresa aseguraba los modificados de obra estaban refrendados por Fernández con su firma y los documentos también tenían el sello oficial del Concello.

Por otro lado, en junta de gobierno también se aprobó otro reconocimiento de crédito por 58.700 euros para pagar facturas atrasadas a Fenosa y 1.700 del canon del agua del Lalín Arena, que serán reclamados a la exconcesionaria, Gaia. Con el voto favorable del gobierno local salió la propuesta de inversión de 79.000 euros en la reforma del centro social de Cercio.

Como estaba previsto, solo el PP defendió la declaración como hijo adoptivo del conselleiro Agustín Hernández que se realizó mediante voto secreto. Por otro lado, el PP votó en contra de la rebaja de peaje y rescate de la autopista AP-9 (Vigo-A Coruña) y sacó adelante en solitario la propuesta de nuevas tarifas de los taxis. Hubo voto unánime para las bonificaciones en la tasa de basuras.