Los afectados por las expropiaciones del Paseo do Pontiñas de Lalín recibieron con satisfacción la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula el recurso de la Xunta y respalda un fallo anterior mediante el que condena a Augas de Galicia a pagar unos 31 millones de euros a los cerca de una treintena de propietarios de los predios, ocupados hace más de una década para la construcción de la segunda fase del recinto fluvial. El abogado de los vecinos, José Luis Fernández Pedreira, se mostró satisfecho por el fallo que, dijo no haber analizado con detenimiento, aunque la decisión del alto tribunal autonómico, dice, viene a refrendar lo que siempre defendieron sus clientes.
Si ya con la sentencia anterior del Tribunal Supremo confiaban en asegurarse las indemnizaciones, este fallo -adelantado por FARO- ya no deja más margen de maniobra a la Consellería de Medio Ambiente. Ahora es preciso que comiencen las negociaciones, algo a lo que, recuerda Pedreira, siempre estuvieron dispuestos los propietarios. El letrado avanza que los vecinos están dispuestos a plantear un calendario de pagos dada la gran cantidad de dinero que deberá habilitar la Xunta. "La resistencia de la consellería fue más allá de lo razonable y que se prestase a esto la verdad es que es bochornoso y causa sonrojo", declara Fernández Pedreira. El representante de la treintena de propietarios alega que el Tribunal Supremo tuvo que pronunciarse hasta en dos ocasiones por este asunto, algo que estima como un "insulto". "Puedo entender que se recurriese al Constitucional; es una táctica de defensa, pero lo de proponer la reversión de los terrenos o que no cobrasen propietarios ya fallecidos no es un argumento digno". El abogado se refiere precisamente al último recurso de la consellería ante el TSXG en el que planteaba la reversión de parte de los terrenos del paseo, algo que ya no parecía muy razonable, pues la propiedad actual es del Concello y ello supondría dejar sin esta infraestructura a todos los lalinenses.
Pedreira recuerda que desde que trascendió la sentencia del Supremo -en abril de 2012- sus clientes solo se toparon con la "cerrazón" del gobierno gallego para atender a sus propuestas. Un plan de pagos aplazado o al menos establecer un calendario de abonos que ni siquiera fue atendido por altos cargos de la Consellería de Medio Ambiente. "No es propio de una administración seria que se resistiesen así". Pedreira había planteado hace dos años que la Xunta incluyese en sus presupuestos de 2013 el 20% de los entonces 26 millones de euros en los que habían sido valoradas unas fincas que la justicia respaldó como de suelo urbano, aunque en ellas no se pueda construir. La pobre defensa de los intereses públicos provocó que este problema se convirtiese en una bola de nieve. De hecho, gran parte de los 31 millones de las compensaciones son en concepto de intereses.
