Sorprendido se mostraba ayer el alcalde de Lalín, José Crespo, al conocer el dato referido a la población flotante en la capital dezana, con 4.644 residentes a mayores que los que figuran en el registro oficial del padrón. El gobierno local era consciente de que había un número importante de personas que residían o venían a trabajar al municipio y que no estaban empadronados, pero sus previsiones no alcanzaban una cifra calificada por Crespo de "satisfactoria".

El grupo de gobierno no solo mantendrá la campaña de empadronamiento iniciada el año pasado, con la que consiguió registrar formalmente a unas 300 personas, sino que abrirá otros frentes para tratar de engrosar el censo. "La verdad es que es un dato esperanzador y que me sorprende y siempre dentro de la legalidad, tenemos que captar a parte de esa gente", manifiesta en relación al informe dado a conocer anteayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el mismo informe se indica que la población censada asciende a 20.177 residentes, una cifra casi idéntica a la aprobada en junta de gobierno local el pasado día 31 -de 20.173- y superior a la dada a conocer unos días antes por el Concello, que era exactamente de 20.154. El munícipe es consciente de las limitaciones legales para incrementar el padrón -con la población flotante Lalín alcanzaría los 24.821 vecinos-, pero sí se guarda algunas medidas para subir los habitantes ante la constante amenaza de pérdida de categoría que supondría bajar de la barrera de los 20.000. Como el empadronamiento de oficio no tiene asiento legal, Crespo anuncia atractivos para que los residentes ocasionales decidan empadronarse por los servicios que presta Lalín en comparación con otras localidades y que, por cierto, su coste asume en solitario. Habrá ventajas en el acceso a actividades del Lalín Arena, programas de atención a la infancia, campamentos para menores o incluso para la población mayor.

Crespo pretende activar propuestas como las que ya funcionan en otros municipios españoles -algunas de ellas sobre transporte público-. En todo caso, no escatimará esfuerzos dentro del espacio legal existente y pedirá a los técnicos que estudien sobre qué servicios puede haber una discriminación positiva.