El ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón lanzó ayer su anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una reforma clave que redefine el mapa judicial y que, confirmando los temores que desde hace más de un año venían mostrando los profesionales del derecho, realiza una clara apuesta por el criterio provincial. El texto al que acaba de dar luz verde el Gobierno, que conlleva la desaparición del modelo de partidos judiciales tal y como se conoce en la actualidad, supone la creación de tribunales de instancia con circunscripción provincial y con sede oficial en la capital.
La norma en trámite implica que Lalín y A Estrada quedarán relegadas a ser sedes desplazadas de la demarcación provincial, que tendrá su cabecera principal en Pontevedra: Ambas capitales de comarca pierden sus partidos judiciales. Pero lo mismo sucede con otras sedes, como Vigo, pese a su dimensión. Las fuentes judiciales solventes consultadas interpretan el proyecto del polémico ministro como una "centralización encubierta" y una opción "inaceptable" para la ciudad olívica, principal urbe gallega. "Vigo dejaría de disponer del estatus y la autonomía que ahora tiene como partido judicial propio; desaparece la figura del juez decano y se vería relegada a ser una delegación de la sede principal de Pontevedra, donde estará el presidente; en definitiva, se trata de un modelo similar al de las actuales audiencias provinciales con secciones desplazadas", resumen.
El anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, texto que sienta las bases de la Ley de Demarcación y Planta Judicial también en fase de reforma, fue aprobado ayer en la reunión del Consejo de Ministros a propuesta de Gallardón. El modelo por el que apuesta el ministro de Justicia se conoce así justo un año después de que todos los operadores judiciales y políticos de la ciudad olívica comenzaran a movilizarse de forma unánime y tajante contra la supresión del partido judicial vigués, nada más conocerse el informe de la comisión de expertos que proponía una única sede en la capital provincial. Lo mismo sucedió en A Estrada y, en menor medida, en Lalín, cuyos profesionales también se movilizaron en la calle, en el caso de Tabeirós de manera continua con concentraciones periódicas.
El caso de Vigo
Y pese al claro rechazo mostrado desde Vigo a este criterio centralizador -la judicatura tachó entonces de "despropósito" dejar a la ciudad sin partido judicial-, el ministro de Justicia no ha contemplado la excepción viguesa. El texto del anteproyecto no deja lugar a dudas. "Los tribunales provinciales de instancia tomarán el nombre de la provincia (en este caso Pontevedra) y tendrán su sede oficial en la capital", se señala en la exposición de motivos del documento, donde se avanza que pese a que el modelo definitivo por el que se apuesta "debe tender a la concentración en una sede de todos los efectivos judiciales", habrá medidas "encaminadas a flexibilizar la "regla general" ya que "no puede desconocerse la diversa realidad geográfica de nuestro territorio ni los esfuerzos realizados por las autoridades competentes en infraestructuras judiciales".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Gallardón avanzó que este modelo provincial "no supondrá la desaparición de ningún juzgado en España". "Se mantendrán como sedes desplazadas todas las unidades judiciales que hay en España", concretó. Los requisitos para la creación o mantenimiento de estas "delegaciones" dependientes de la cabecera oficial en la capital son criterios de volumen y dispersión de población, carga de trabajo o distancia de la sede desplazada a la capital.
También se escuchará a las comunidades autónomas, en el caso de Galicia, la Xunta, que dispondrá de un año desde que entre en vigor la ley para remitir al Gobierno su propuesta en materia de organización territorial, que deberá asimismo contar con informe favorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin perjuicio de que el reparto provincial de asuntos fuese una realidad a los seis meses de entrada en vigor de esta ley, la estructura de la demarcación judicial se supeditará a la de la Ley de Demarcación y Planta, informa el ministerio.
La Ley Orgánica del Poder Judicial, si sale adelante en los términos del anteproyecto, supone el fin de los jueces de paz. Gallardón quiere fomentar "la profesionalización" de la carrera judicial. Los juzgados de paz se mantendrán, asumiendo "labores de apoyo y acceso al Registro Civil". Galicia tiene en la actualidad 270 órganos servidos por jueces legos, que ya se han puesto en pie de guerra contra su desaparición.
