Los socialistas lalinenses insisten en pedir responsabilidades políticas por el caso del funcionario municipal cuya supuesta actividad incompatible fue trasladado por el Concello a la Fiscalía. El concejal del PSOE Cristóbal Fernández Vázquez ha comenzado a analizar toda la documentación a la que ha tenido acceso. La relación entre las empresas del ingeniero municipal de obras públicas y el ayuntamiento es, para este partido, más que evidente y así lo certifica el concejal.
Fernández Vázquez dio a conocer ayer una relación de trabajos encargados por el Concello a la sociedad Ingeniería Geotécnica y Calidad (IGC) que suman 31.000 euros. El hecho de que fuese el ejecutivo el que, según el socialista contactase con esta empresa para contratarle proyectos, pone de manifiesto que la conocían y con toda seguridad también quienes eran sus propietarios, administradores o apoderados. "Dado que se contrató directamente a esta empresa, está claro que era de confianza del grupo de gobierno local o, como mínimo, de alguno de sus componentes", alega. Según adelanta el PSOE cada contrato fue refrendado en la junta de gobierno local y también el pago de las facturas. "El nombre de esta empresa paso al menos por 37 sesiones distintas de la junta de gobierno, sin tener en cuenta los informes de esta sociedad o de la firma Asistencia Técnica de Proyectos Lalín SL en distintos expedientes de particulares o del propio Concello". La relación de proyectos acordados entre el gobierno local y IGC son: 9 levantamientos topográficos (2.244 euros), levantamiento topográfico santuario de O Corpiño (1.400), estudio geotécnico terrenos nueva piscina (3.454), levantamientos topográficos (1.766 y 1.763), levantamiento topográfico en Soutolongo y Catasós (1.999), levantamiento topográfico parcelario SUE-3 (354), estudio geotécnico local social de Filgueira (1.593), medición de ruidos en edificios municipales (1.652), estudio optimización facturación eléctrica municipal (7.080), honorarios redacción proyecto de alumbrado Espiño-N-525 (7.018) y honorarios proyecto alumbrado de Xaxán y otros (1.025 euros).
Las preguntas que los socialistas desean saber -se registraron por escrito en el pleno de anteayer- pretenden forzar al ejecutivo a aclarar si ninguno de los miembros de la junta de gobierno tenía conocimiento de los contratos que las empresas del trabajador público realizaron para la administración local. Conviene recordar que, según el PSOE, fueron en torno a una treintena entre 2007 y 2012. El edil recuerda de nuevo que en septiembre de 2005 el entonces portavoz del BNG Francisco Vilariño había alertado de posibles incompatibilidades, cuestión aceptada pero no resuelta. "¿Cómo puede explicar la Alcaldía que no se adoptasen medidas al respecto?", pregunta Cristóbal Fernández en su comunicación dirigida al mandatario, José Crespo, como responsable último del gobierno.
