"Todos los que declararon en la comisión reconocieron que no pueden determinar si la firma es o no falsa". Así lo aseguró ayer el alcalde de Silleda, Manuel Cuiña, presidente del grupo municipal que investiga la presunta falsificación de la rúbrica de la exsecretaria del Concello, Cristina Alonso, en un expediente sobre unas obras en la parroquia de Manduas. De este modo, la comisión aguardará a conocer la resolución judicial -el caso sigue su curso de modo paralelo por estos cauces- para emitir sus conclusiones.

En la sesión de ayer compareció, a petición de la exalcaldesa, Paula Fernández Pena, el edil del BNG y socio de gobierno cuando la funcionaria presentó la denuncia, Matías Rodríguez da Torre. Este defendió que "no tenemos indicios para llegar a un veredicto de lo que fue o no fue", pero aseguró que "a mí se me dijo en mi despacho, por parte de la exalcaldesa, cuando la secretaria interpuso la demanda, que podría haber sido tranquilamente ella, la propia secretaria", apunto el nacionalista. "Lo que yo sé y nada es lo mismo, por eso manifestamos la intención de que se mantuviese la comisión para esclarecer los hechos", añade Da Torre. En la reunión de ayer también se dio cuenta del escrito remitido por el exarquitecto municipal Lino Doporto, a quien la comisión -integrada por representantes de los tres grupos políticos locales- había pedido que compareciera Su respuesta dice "que él participó en la redacción de la memoria valorada, y nada más", apunta el edil nacionalista.

Por su parte, la exsecretaria comunicó a la comisión su decisión de no declarar como le habían pedido, dado que el asunto continúa los cauces judiciales. También el alcalde considera que es la Justicia la que tiene que actuar. "Lo único que se está haciendo de esto es un cambalache público, en una comisión que solo responde a intereses políticos por parte de los dos grupos de la oposición", recrimina. Recalca que ninguno de sus integrantes puede discernir si hay o no falsificación, que lo que acredita el documento con la rúbrica es cierto y que nadie se benefició con dicho documento "solo los vecinos de Manduas, que gracias a la actuación a la que se refería el expediente tienen traída de aguas", señala.

El de ayer fue el tercero de los encuentros de la comisión investigadora, y el último hasta que el Juzgado se pronuncie sobre el asunto. Una vez se conozca el fallo, el equipo municipal volverá a convocarse para establecer sus conclusiones.