El Concello de Silleda constituyó ayer la comisión de investigación que tratará de averiguar si la firma de la exsecretaria municipal que figura en un expediente de solicitud de subvención para unas obras fue o no falsificada, como denuncia la extrabajadora. Tras reunirse durante unos 45 minutos, el equipo acordó solicitar la comparecencia de la exfuncionaria en su próximo encuentro -el 20 de enero-, así como la del alcalde, Manuel Cuiña -entonces edil de Obras- la de la exregidora, Paula Fernández Pena, y la de varios técnicos municipales.

Concretamente, el grupo pide a personal de Secretaría e Intervención, al técnico de Urbanismo por aquellas fechas, al agente de desarrollo local y a personal de Registro que acudan a la próxima convocatoria de la comisión para responder a las preguntas de los distintos representantes políticos con el fin de esclarecer si pudieron existir irregularidades.

El gobierno propuso esperar a que remate el proceso judicial abierto por la denunciante para volver a reunirse y analizar las conclusiones, pero la oposición se negó. El PP sugirió llamar a declarar a la exfuncionaria y fue el BNG quien pidió que, además, se convoque a los trabajadores municipales que tuvieron relación con la tramitación del expediente. La colaboración de los citados es voluntaria, puesto que ninguno está obligado por ley a comparecer ante la comisión, integrada por tres ediles del PP, tres del PSOE y uno del BNG.

La primera reunión de trabajo comenzó con media hora de retraso. El gobierno mostró a cada grupo una copia del documento entregado por la exsecretaria a la Alcaldía advirtiendo de la presunta falsificación y el anexo sexto de la subvención tramitada ante la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza el 7 de junio de 2012, en el que, supuestamente, se incluye la rúbrica.

Cuiña sostiene que "la propia Xunta consideró que esa firma no influye para nada" en la resolución del expediente, puesto que la ayuda ya ha sido cobrada e invertida en las obras de una traída en la zona de Manduas. Apunta que la rúbrica figura en un documento en el que se acredita que las pistas afectadas por los trabajos son de titularidad municipal.

El alcalde critica que el edil del BNG, Matías Rodríguez da Torre, pida "que venga a declarar todo el Concello" cuando, por otro lado lamenta la judicialización de la actividad municipal con la denuncia interpuesta por la exsecretaria contra él y Pena por daños al honor. Por su parte, el nacionalista espera que la investigación "sirva para que si alguien tiene responsabilidades, las asuma", dice.