En tiempos de dificultades y en casos más que penurias económicas en Lalín se impulsa un proyecto de colaboración entre la administración local y la constructora e inmobiliaria Framiñán para que las familias en situación de exclusión social puedan acceder a algo tan básico como una vivienda.

El alcalde, José Crespo, representantes de la sociedad y la edil de Benestar, Paz Pérez, presentaron ayer un convenio de colaboración surgido a iniciativa de la constructora, que cede dos viviendas a Concello para personas sin recursos, al tiempo que decide poner en marcha otras en alquiler a precios muy por debajo de las cotizaciones de mercado. Las solicitudes para acceder a los hogares cedidos durante dos años pueden formalizarse hasta el próximo día 13 y será el ayuntamiento el encargado de valorar las peticiones en función de unos baremos establecidos y que atienden a las situaciones personales o familiares más complejas. Después de la adhesión del Concello de Lalín al convenio del Consejo General del Pode Judicial (CGPJ), Xunta y municipios para coordinar los posibles casos de desahucios, la capital dezana pretende dar un paso más en este sentido y evitar que haya vecinos que carezcan de un techo. Podrán acceder a estas viviendas mujeres víctimas de violencia de género, familias monoparentales con cargas, numerosas, perceptores de pensiones de emergencia social o pequeños empresarios que estén pasando por dificultades. La cesión de la vivienda tiene una vigencia máxima de dos años, aunque ayuntamiento y empresa podrán buscarle otros inquilinos en caso de que sus beneficiarios remonten su situación personal. Otros requisitos son estar empadronado en el municipio, no tener otra vivienda en propiedad y no haber recibido prestaciones para alquileres en el último año.

Las dos viviendas, una a estrenar y otra seminueva, están acondicionadas y los beneficiarios tienen que asumir el pago de servicios como agua, comunidad y luz, aunque no el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que pagará la empresa.

Además de estas residencias en régimen de cesión, la firma fundada por Antonio Framiñán pondrá en alquiler una pequeña bolsa de viviendas a un alquiler tasado en 190 euros, con cuya iniciativa se pretende reforzar el convenio suscrito por el gobierno local y la principal promotora de la comarca, ahora en manos de los hijos de su impulsor, Antonio y Ana, que, junto a su padre, presentaron el acuerdo ayer en dependencias municipales.

"La idea partió de la empresa Framiñán y es algo de agradecer, porque desde el ayuntamiento tratamos de que los vecinos tengan cubiertas necesidades básicas como la vivienda, alimento o ropa. Antonio nos planteó esta idea, a la que, entendemos, podrían sumarse otras; ojalá cunda el ejemplo", declaró el mandatario de la primera localidad de España de su catoría con más viviendas vacías: 3.307 de las 11.709 de su parque inmobiliario.

Mientras, el fundador de la constructora, Antonio Framiñán padre declaró que espera que su iniciativa sea bien acogida, también por otras sociedades, para que los vecinos con problemas de exclusión social puedan mejorar su situación actual.

Los condicionantes de las viviendas cedidas pasan porque sus inquilinos deben comprometerse a mantenerlas en buen estado, comunicar cualquier cambio relativo a las circunstancias tenidas en cuenta para su disfrute o si hay modificaciones en el número de inquilinos. La ubicación no se dio a conocer por respeto a los futuros beneficiarios.

El Concello de Silleda dispondrá a partir del próximo mes de julio del edificio central de la estación ferroviaria de Ponte Taboada para convertirlo en una vivienda para familias sin recursos. El inmueble se pondrá a disposición de los vecinos trasdezanos que atraviesen dificultades económicas puntuales y no dispongan de medios para costear una residencia.

La administración local firmó ya con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) -perteneciente al Ministerio de Fomento- el contrato de alquiler del edificio que antiguamente se utilizaba para el despacho de billetes, y que está en desuso. El acuerdo es por quince años, y obliga al Concello a pagar 1.080 euros anuales (90 euros al mes). El Adif comenzará a realizar el cobro a partir del próximo 1 de julio, puesto que se fijan dos meses de carencia. Se trata de una cantidad inferior al precio inicialmente pretendido. El Adif había solicitado en un principio al Concello un alquiler de unos 3.000 euros, que finalmente rebajó, teniendo en cuenta el fin social al que irá destinada la vivienda.

El Concello tendrá ahora que costear las obras de acondicionamiento del edificio, que se encuentra en bastante buen estado, pero que precisa de reparaciones. "El edificio tiene la estructura en buen estado y solo tendremos que actuar sobre la carpintería y acondicionar la parte interior", explica la alcaldesa, Paula Fernández Pena.

La vivienda cuenta con cinco habitaciones, cocina, baño y otras dependencias. Su amplitud permitirá la convivencia de dos familias. La idea es distribuir su interior de modo que queden habilitadas zonas comunes -como la cocina o la sala-, mientras que las habitaciones puedan ser independientes. El gobierno calcula que los trabajos de reparación supondrán una inversión de unos 30.000 euros, aunque en ellos está cuantificada la mano de obra, que correrá a cargo del personal municipal, por lo que el desembolso económico final no se prevé tan elevado. El concello buscará la colaboración de empresas y entidades para completar el acondicionamiento. De hecho, ya dispone de donaciones de mobiliario que será trasladado a la vivienda de acogida. Muchas de estas aportaciones llegan de la mano del programa Silleda Solidaria, impulsado precisamente para dar cobertura a las necesidades de las familias con menos recursos.

El centro es una de las grandes novedades de la red de ayuda. De hecho, su puesta en marcha obedece a una necesidad. Hace meses el gobierno local tuvo constancia del caso de una familia con un niño pequeño, que se vio obligada a dormir en su coche porque no podía sufragar una vivienda. A partir de ahí, comenzó a gestionar con el Adif -que, por otra parte, ha vendido varias estaciones de tren en España- la cesión de una de sus viviendas en Ponte Taboada.

La alcaldesa aclara que el inmueble estará disponible "para casos puntuales" y "de modo temporal", mientras las familias no busquen una solución. Actualmente, el departamento de Servizos Sociais tiene constancia de la existencia de una familia con una necesidad "inmediata", aunque existen dos "con muchos problemas de alquiler", añade la regidora. "Viendo la situación actual, desde el Concello, como Administración más próxima a los ciudadanos, debemos centrar nuestros esfuerzos en dar una respuesta a los vecinos y familias que se enfrentan a situaciones difíciles", defiende.