Portas admite que requiere la resolución del contrato del parking por su escasa rentabilidad

Traslada al gobierno su intención de acudir a la vía judicial - Al margen de la supresión de plazas, aduce que la creación de áreas comerciales condiciona su actividad - Reclama la inversión, lucro cesante y daños y perjuicios

04.05.2013 | 11:41
Portas cree que se debió haber repuesto la concha acústica para conciertos y eventos. // Bernabé/Javier Lalín
Portas cree que se debió haber repuesto la concha acústica para conciertos y eventos. // Bernabé/Javier Lalín

El conflicto entre la concesionaria del parking Europa y el Concello de Lalín, lejos de tener visos de acercar posturas, está en el extremo opuesto. Después de tres años y medio con el recinto cerrado por mandato judicial para realizar las obras de demolición ordenadas por la justicia, el gobierno confiaba poner fin al largo litigio con la familia Carral, máxime cuando la autoridad judicial dio por buena la intervención del Concello, algo que encarrilaba la reapertura del estacionamiento subterráneo.

Tras varios escritos cruzados entre las partes, ahora la sociedad Portas y Acuña ya no oculta que uno de los principales argumentos que fundamenta para reclamar el rescate de la concesión es la pobre viabilidad económica del recinto. La empresa podría haber registrado ya un escrito en el ayuntamiento con los razonamientos jurídicos que avalan su reclamación, que comprende la devolución íntegra del capital invertido -la obra costó 3,3 millones de euros-, daños y perjuicios con los correspondientes intereses generados y el lucro cesante por una concesión cerrada en 2003 y durante medio siglo. El capital que la sociedad habría dejado de ingresar corresponde al período en el que el aparcamiento interrumpió su actividad, es decir desde noviembre de 2009 hasta la actualidad.

La mercantil Portas y Acuña entiende que la administración local no puede imponerle la reapertura del recinto -desoyó el requerimiento del Concello de poner en marcha el parking el pasado día 25- y advierte además que en caso que no se atienda el recurso de resolución del contrato, acudirá a la vía judicial para que se aclaren las razones esgrimidas por cada una de las partes: la del Concello de, con un informe jurídico, reabrir el estacionamiento y la de la empresa a negarse a ello.

Entre las razones de la compañía, al margen de una retahíla de fundamentos legales e insistir en la pérdida de 61 plazas, la empresa subraya que existen otros condicionantes que imposibilitan el negocio como el traslado del centro administrativo a la zona de O Regueiriño -consistorio y juzgados-, la construcción del multiusos o la puesta en marcha de centros comerciales. Entiende que tales decisiones -algunas de las mencionadas infraestructuras administrativas o comerciales son anteriores al parking- suponen una merma de clientes y acusa al gobierno local de haber decidido desplazar el polo de atracción del desarrollo civil del casco urbano. Esta sorpresiva tesis es una a las que se aferra la sociedad para justificar lo que ya había dejado entrever el grupo de gobierno: Portas rehúsa reabrir el aparcamiento al no ser rentable. El ejecutivo tiene ahora la casi imposible misión de desembarazarse de este asunto, máxime cuando la empresa está enrocada y las conversaciones para llegar a acuerdos de poco han servido. Además, vendió políticamente la necesidad de poner en marcha este recinto, que, cierto es, nunca tuvo la demanda esperada, pero aún en aquel escenario más favorable la firma lalinense se presentó al concurso público.

El cambio de condiciones desde la firma del contrato de explotación son para Portas un motivo más que suficiente para revocar el acuerdo. Además de la demolición de plazas, señala que las obras en la estructura suprimieron la concha acústica que entiende obligatoria, duda de que las revisiones -pruebas de carga y de otros mecanismos- se hayan realizado adecuadamente, o que las modificaciones en el contrato impliquen alteraciones del precio del acuerdo por una cuantía en al menos el 20% del importe del proyecto. Otras causas son para la firma, la demora superior a seis meses de la administración en la entrega al contratista de la contraprestación de los medios auxiliares obligados según contrato, o verificar la legalidad del proyecto de obras antes de su autorización y controlar que éste se ajuste a la ejecución de la obra resultante.

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