A finales de octubre de 2012 la secretaria municipal del Concello de Silleda, Cristina Alonso Losada -ahora en el consistorio de Santa Comba-, denunciaba en un juzgado de Santiago la presunta falsificación de su firma en un expediente relativo a las obras de la traída de aguas de San Tirso, Quintela, Andamollo y Vilaverde, para las que se pedía una subvención de 29.634 euros, dentro del Fondo de Compensación Ambiental. Casi siete meses después, el asunto sigue sin esclarecerse.
El gobierno local asegura que inició una investigación interna sobre la que, por el momento, declina ofrecer datos. "Se está a la espera de tomar una determinación en función de lo que diga el juzgado", se limitó a comentar ayer la alcaldesa, Paula Fernández Pena. Según el gobierno, la autoridad judicial compostelana derivó el caso al Juzgado de Lalín, quien deberá aclarar si, efectivamente, existe una suplantación de la identidad de la funcionaria, tal y como ésta denunció también ante la Xunta.
El asunto generó polémica en su día, y seguirá trayendo cola. El PP llegó a pedir la dimisión del edil de Obras, Manuel Cuiña, por no ofrecer explicaciones convincentes, y acabó solicitando en un pleno la creación de una comisión de investigación, que el gobierno aceptó, aunque nunca llegó a configurarse. La regidora convocó a los portavoces de los tres grupos políticos trasdezanos el 10 de diciembre de 2012 para constituir el equipo, pero a la cita no se presentó el portavoz popular ni ningún compañero de grupo con potestad para representar al partido en ese órgano.
Los populares justificaron su ausencia por motivos laborales, y no volvieron a reclamar la convocatoria de una nueva comisión. "Estábamos esperando a que ella (la alcaldesa) nos llamase", asegura el portavoz del PP, José Luis Espiño. Recuerda que, entretanto, la secretaria decidió apartarse de la investigación por ser parte directamente implicada.
Preguntas en el pleno
Las continuas discrepancias entre el gobierno y la funcionaria por la gestión de los asuntos diarios tampoco ayudaron. La regidora llegó a denunciar el retraso en la entrega de documentación sobre el caso por parte de la propia trabajadora, lo que, dijo, dilató el inicio de la investigación interna. Medio año después, el asunto volverá al pleno este mes. El PP dice que presentará una moción para que, de nuevo, se cite a los portavoces locales para iniciar una investigación paralela.
Es una medida que el BNG apoyó desde un principio -cuando formaba parte del gobierno-. Si se confirma la falsificación, "fuese quien fuese, le tiene que caer el pelo", defiende el líder nacionalista, Matías Rodríguez Da Torre, que también tiene previsto preguntar por el caso en el pleno". Si no hay nada que ocultar, que se esclarezca", insiste, a pesar de que "tampoco tengo mucha confianza en la investigación", confiesa.
