El alcalde de A Estrada, José López Campos, anunció ayer que el Concello no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que obliga a la administración local a readmitir a una extrabajadora al declarar nulo su despido. "Es una sentencia difícil de entender", manifestó el regidor local, manifestando que "la clave" en ese procedimiento judicial parece haber sido el escrito que la trabajadora presentó un mes antes de que venciese su contrato solicitando pasar a ser indefinitida por el encadenamiento de sucesivos contratos acumulados "en fraude de ley". El juez interpreta que la trabajadora fue despedida como "represalia" a esa petición y no porque, simplemente, vencía su contrato, como aseguró ayer el máximo mandatario municipal.

Recordó que Ana Ferradáns fue contratada por el bipartito para ocupar la plaza de Axente de Desenvolvemento Local (ADL) del Concello, que estaba vinculada a la solicitud de subvenciones año a año. José López señala que encadenando contratos a la misma trabajadora, con informes en contra, el bipartito le dio condición de indefinida. Cuando López llegó a la Alcaldía ella trabajaba al amparo del último de esos contratos encadenados. "No se lo renovamos porque, para hacerlo, habría que incurrir en fraude de ley", aseguró, destacando además que el Concello ya no tiene ADL, plaza que ahora existe vinculada a la Fundación Cultural.

"Me gustaría que su señoría me aclarase qué habría podido hacer yo. ¿Prevaricar? Yo procuro no prevaricar y los informes de Intervención decían que contratándola de nuevo se vulneraba el Derecho Administrativo" porque "renovándole más de 3 años le reconoces el carácter de indefinida". Igual que entonces creyó que le tocaba "no renovar" el contrato, ahora señala que "no queda más remedio que acatar la sentencia" aun "discrepando profundamente" con ella.

"¿Quién cometió el fraude? Yo no. Hay que ver de dónde parte y quién tiene responsabilidades", recalcó, apuntando al gobierno bipartito. Le acusa de "pasar por la puerta de atrás a la función pública" a esta extrabajadora, a la que, además, el Concello tendrá que indemnizar con 40.000 euros. El regidor local deja claro que ese dinero que va a salir de las arcas municipales no lo hará por su gestión sino por la del bipartito. No es el primer caso de personal que pasa a ser indefinido en el Concello por encadenar contratos en fraude de ley. Y actualmente está en los tribunales otro caso, de un extrabajador de Servizos Sociais al que el bipartito también le encadenó contratos en fraude de ley, según el alcalde.