El Concello de Lalín contactó con la concesionaria del parking Europa para que sus representantes estuviesen presentes en la verificación de las obras de legalización del recinto. Portas y Acuña acusó al gobierno local de haberla dejado al margen de este proceso y sobre todo en las revisiones y dotación de equipos precisos para la reapertura del aparcamiento y ese fue uno de los argumentos que empleó para solicitar la resolución del contrato.

No obstante, el edil de Urbanismo, Román Rodríguez, avisó el 4 de febrero a la empresa que el 8 se realizaría "la comprobación de la correcta implantación y funcionamiento de las instalaciones del aparcamiento que se vieron afectadas como consecuencia de demolición y legalización, realizadas en ejecución de sentencias judiciales firmes". Este es el texto que figura en la comunicación en la que se pide a la firma que acuda "a dicho acto, del que se levantará la correspondiente acta". El 6 de febrero los representantes de la concesionaria piden un aplazamiento, una vez que a la cita no pueden acudir sus representantes legales por motivos de agenda. Plantea un cambio de fechas para preservar su derecho y evitar "cualquier tipo de indefensión" y lamenta la precipitación con la que se señala la diligencia, planteando que la convocatoria sea fijada a partir del 18 de ese mes. Los cruces de escritos se suceden y el gobierno local contesta el 7 de febrero que no es posible acceder a las pretensiones de Portas, una vez que no se estima necesario que acudan los asesores legales al tratarse de una actuación estrictamente técnica, consistente en la comprobación del funcionamiento del recinto. Además, dice que para la actuación en cuestión fueron citadas cinco empresas instaladoras, alguna de ellas de fuera de la zona. - insiste que las comprobaciones ya estaban previstas una vez que finalizase el proceso judicial que el ayuntamiento tenía con la familia Carral. Pero además hace hincapié en que la concesionaria ya había sido conminada a verificar las obras "a finales del año pasado", cuando los representantes de la firma pidieron una primera prórroga.

Las relaciones entre el Concello y Portas se enfriaron hasta el punto de que el edil de Urbanismo contactó con la empresa de nuevo el 12 de febrero para indicarle por escrito el correcto funcionamiento de las instalaciones, excepto el grupo de presión -que afecta al sistema contraincendios-, una vez que los técnicos no pudieron acceder a este espacio "dado que obran en su poder las llaves de acceso". Entonces le invita a que en el plazo de cinco días contacte con la empresa instaladora y con un técnico municipal para verificar el servicio y levantar la correspondiente acta. Días después, la concesionaria presenta un escrito en el ayuntamiento pidiendo la resolución del contrato de concesión firmado en 2003 por 50 años y el lucro cesante por la supresión de 96 plazas. Portas tiene ahora hasta el 25 de abril para reabrir el recinto, para el que el Concello aprobó la semana pasada otro gasto de 3.1887 euros para mecanismos electrónicos e informáticos.