El aparejador municipal acusado por la empresa Portas y Acuña de intervenir como funcionario y empresario a la vez en el plan de legalización de sus terrenos en los que se asienta La Veneciana, indicó ayer que en enero de 1997 solicitó en el Concello la compatibilidad de sus funciones. El profesional se defiende así de las acusaciones a las que se sumó el PSOE, al dejar claro que realizó un trámite ante la administración pública, desde la que no hubo un pronunciamiento contrario hasta la fecha.
El ingeniero técnico de Obras presentó en el Registro municipal sendos escritos: uno sobre su compatibilidad y otro en el que defiende de las afirmaciones del grupo socialista, que pidió que se esclareciesen las relaciones contractuales con el ayuntamiento de tres sociedades vinculadas a su mujer.
Señala que el PSOE local apuntó que empresas relacionadas con él resultaron adjudicatarias de trabajos municipales y que en algún caso están relacionadas con su puesto de trabajo. Manifiesta que además de verter de nuevo "la denuncia conocida contra Portas" sobre un supuesto perjuicio en la tramitación de un expediente, lejos de comprobar si los términos de la denuncia son correctos, así como los condicionantes requeridos, "siguen dejando permanentemente en duda la actuación, que por otra parte desde el gobierno tampoco se hace nada por esclarecer el tema. Se toman medidas cautelares, como queriendo hacer un gesto al denunciante". El trabajador estima muy graves las acusaciones e insta a los concejales del grupo socialista a presentar pruebas sobre la relación "de un solo trabajo del que tengan constancia contratado. De no ser así, creo que se está atacando la imagen y el derecho más básico de las personas".
