El organismo Augas de Galicia analiza el coste que supondría ampliar el proyecto de traída de agua del poblado minero de Fontao a la parte baja de la parroquia para dar solución al problema de contaminación de arsénico que afecta, en mayor medida, a esta área. Técnicos del departamento de la Xunta visitaron la zona la pasada semana y el Concello les remitió las coordenadas de las casas afectadas para facilitar el estudio.

Entretanto, el gobierno espera ser recibido por los conselleiros de Medio Ambiente y Sanidade, y por el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, para solicitar su apoyo de cara a dar solución a los vecinos. Pero al margen de lo que decida la Xunta, el alcalde, Jesús Otero, confía en que Construcciones Taboada y Ramos comience las obras ya aprobadas para el poblado minero, "la próxima semana".

En otra orden de asuntos, el gobierno aprobó, con el apoyo del BNG, un reconocimiento extrajudicial de crédito de 50224,25 euros para abonar facturas pendientes, pese a que los nacionalistas advirtieron de los reparos impuestos por Intervención, y criticaron que el equipo de Otero siga negándose a mostrar las facturas, motivo que también esgrimió el PSOE para abstenerse. Los tres grupos sí llegaron a consenso para aprobar la integración del Concello en el área de transporte metropolitano de Santiago -que supondría una rebaja estimada de la tarifa para el usuario de 3,45 a 2 euros-. También acordaron exigir que la Ley de Cadena Alimentaria recoja las reclamaciones de los ganaderos y prohiba la venta de la leche por debajo de los costes de producción, así como solicitar a la Xunta el arreglo del vial Cruces-Ponteledesma-A Susana. Sobre esto último, el líder socialista, Javier Castelo, recordó que en su día el PP rechazó la petición en el Parlamento gallego.

Por otra parte, el BNG no logró convencer al grupo de gobierno para que apoyase su moción contra la Ley de Régimen Local que, entiende, recorta autonomía a los concellos, en vez de eliminar las diputaciones que son "nidos de caciques", dijo su líder Xoán Blanco. El portavoz popular, Manuel Souto, las defendió, aunque reconoció que "igual deben dirimirse exactamente sus funciones" y que hay aspectos en la ley que "deben reformarse". Castelo reiteró que la norma es "un atentado a la administración de base" y apoyó al BNG, pero el PP frenó la propuesta con su voto en contra.