La postura del gobierno lalinense en el caso del parking Europa es meridiana y pasa por la inminente reapertura del aparcamiento público, aunque concretar una fecha resulta muy aventurado una vez que las partes no acaban de acercar posturas. Mientras el Concello defiende en un informe jurídico que el inmueble está listo para entrar en funcionamiento y rechaza la liquidación del contrato propuesto por Portas y Acuña, la empresa se defiende alegando que la supresión de plazas supone un cambio sustancial en las condiciones de explotación.

El portavoz del grupo de gobierno, Román Rodríguez, prefiere ser cauto sobre este asunto y dice que los detalles se conocerán en el pleno del lunes. En todo caso hace hincapié en que la postura del ejecutivo es clara y pasa por la reapertura del estacionamiento, cerrado al público en octubre de 2009. "No sabemos si la empresa recurrirá o no, por ahora no podemos dar más respuestas que las que tienen que ver con el dictamen elaborado por los técnicos municipales", dice, consciente de que una alegación administrativa de Portas contra el mandato de apertura del parking retrasaría un proceso que se atisba tortuoso. Mientras la concesionaria prefiere guardar silencio, todo apunta a que se llega a un acuerdo in extremis o la alegación de Portas llegará al Concello poco después del lunes. En ese instante se plantean al menos tres escenarios posibles. Que gobierno y concesionaria lleguen a un pacto de mínimos referido a la indemnización y lucro cesante o que sea el ayuntamiento el que asuma la ejecución subsidiaria de su informe y reabra el aparcamiento subterráneo con sus propios medios. Pero hay, al menos, otra posibilidad. Portas y Acuña podría acceder a poner en marcha el recinto y exigir al Concello que se cumplan las cláusulas de equilibrio económico-financiero, con lo que la cifra de negocio sería menos relevante, una vez que sería compensada económicamente por la administración local.

La pérdida de plazas -61, aunque la empresa habla ahora de más de 90- es el argumento que tiene la concesionaria para reclamar la liquidación del contrato firmado en 2003, consciente de que construyó un recinto sobredimensionado para Lalín y que tampoco fue rentable en los años de bonanza económica.

Sobre las inspecciones realizadas por el Concello para verificar la puesta en marcha del recinto, criticadas por Portas una vez que la empresa no fue avisada, Román Rodríguez defiende la actuación del ejecutivo.