Portas acusa al Concello de realizar las inspecciones en el párking sin su permiso

Alega que es motivo para impugnar la notificación de reapertura - Cifra en más de 90 las plazas perdidas - El gobierno rechaza las alegaciones y le ordena que abra el recinto

20.03.2013 | 09:35
Trabajos de legalización del aparcamiento acometidos en abril de 2011. // Bernabé/Gutier
Trabajos de legalización del aparcamiento acometidos en abril de 2011. // Bernabé/Gutier

La reapertura del párking Europa apunta a un nuevo litigio que podría demorar más si cabe la puesta en marcha de esta infraestructura. Si primero una denuncia vecinal obligó al Concello a cerrar el aparcamiento, en octubre de 2009, ahora las desavenencias entre gobierno y concesionaria complican un proceso con un futuro incierto.

El ejecutivo llevará al pleno del lunes en informe jurídico en el que se rechaza la petición de la resolución del contrato a instancias de Portas y Acuña. En el expediente, rematado el pasado 28 de febrero, los servicios jurídicos consideran procedente ordenar a la concesionaria a la "apertura del párking al público para preservar el interés público y atender las necesidades de los usuarios". Y en lo que respecta a la petición de una indemnización por la construcción de la obra -costó 3,3 millones de euros- y el lucro cesante, el ejecutivo lalinense entiende que "para determinar los daños y perjuicios sufridos por el concesionario y las posibles responsabilidades, si las hubiese, es necesario esclarecer los hechos", dice, en relación con la compensación que hubiese que acordar.

Pero Portas y Acuña tiene otros argumentos que, hasta el momento no habían trascendido. En un documento remitido al Concello el 15 de febrero la empresa advierte al gobierno de su "perplejidad" por no haber sido invitada a las inspecciones realizadas en el estacionamiento de cara a su reapertura. "Ello nos conduce a impugnar la conclusión que se recoge en la notificación relativa al correcto funcionamiento de las instalaciones. Simplemente no se acepta tal circunstancia", dice, y subraya que Portas presentó el escrito de resolución del contrato -del que restan 30 años- "por razones perfectamente conocidas por el ente municipal".

Los abogados de la firma estiman conveniente la resolución del contrato firmado en 2003 una vez que las obras de demolición ordenadas por la justicia han modificado sustancialmente las condiciones de aquel acuerdo. La empresa cifra en más de 90 las plazas perdidas por los trabajos de legalización y no las 61 a las que siempre se aludió desde el Concello, pese a que el ejecutivo insiste en que Portas aceptó recepcionar las obras con 33 espacios menos y 439 plazas y no las 472 previstas en el proyecto inicial. Y que durante el tiempo en que funcionó el recinto, no presentó reclamaciones en este sentido.

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