Nueva sentencia contra el Concello de Silleda por impagos, esta vez a Sogama, uno de sus acreedores históricos. El fallo judicial cifra la deuda pendiente con la empresa en 387.375 euros, más intereses de demora. La cantidad corresponde a los pagos pendentes del convenio del año 2007, así como a facturas de 2009, 2010 y 2011, a lo que hay que sumar intereses de demora. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, admite que "ya contaba con este nuevo revés", pero también que afrontarlo le obligará a "seguir realizando ajustes".
Tal como se recoge en la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de Pontevedra, el contrato del Concello de Silleda con Sogama se firmó en febrero de 1999, para el tratamiento de los residuos procedentes de la recogida de basura. En noviembre de 2004, pasados ya cinco años sin que el ayuntamiento abonara ninguna factura, el goberno municipal -con el popular José Fernández Viéitez al frente-, suscribió un convenio con la entidad que suponía el pago fraccionado de 6.000 euros al mes, para saldar los 430.000 pendientes entonces desde 1999.
Un año después, el Concello volvió a dejar de pagar y Sogama inició un procedimiento judicial para reclamar parte de esa deuda en mayo de 2006, por importe de 75.389,43 euros. En febreiro de 2007, a tan solo tres meses de las elecciones municipales, se renegoció la deuda. Entonces se acordó que deberían pagarse 410.000 euros en mensualidades de 9.000, sin ni siquiera lograr que Sogama retirase la demanda anterior.
Y los juzgados comezaron a darle la razón a Sogama por impagos continuados. En septiembre de 2007 una primera sentencia condenó al Concello a abonar esos 75.389,43 euros, más intereses. El gobierno de Pena fue haciendo frente a esta sentencia restando a día de hoy solo 22.000 euros sin pagar, que se incluirán en el presupuesto de este año, con la consiguiente "merma de la capacidad inversora".
Esfuerzo inútil
Durante su mandato también se abonaron 255.000 euros de la deuda recogida en el convenio firmado con Sogama, "además de dejar pagado el servizo de todo 2007, 2008 y parte de 2009, del que solo quedaron cuatro mensualidades", explica la regidora. "Cuando marchamos en 2009 -prosigue- solo restaban por pagar de la deuda histórica 155.000 euros, pero lamentablemente el goberno de los tránsfugas con el PP volvió a dejar que la deuda aumentase en los años siguientes, al no hacer frente ni siquiera al abono del servicio cada mes, ni a los atrasos durante los años 2009, 2010 y el primer semestre de 2011, con lo cual volvemos a la misma situación que en 2007".
"De nada sirvió todo el esfuerzo de pagos hecho", añade Pena, ya que ahora el juzgado vuelve a darle la razón a la empresa, estimando una nueva demanda por los atrasos pendientes, con 387.375 euros, en los que se incluyen los pagos sin realizar del convenio de 2007, las facturas del período 2009/11 y los intereses.
