La Junta de Personal de Pontevedra acaba de remitir a la Dirección Xeral de Xustiza un comunicado en el que reclama "el nombramiento urgente" de dos funcionarios de refuerzo, uno para cada juzgado de Lalín. Esta petición se produce dos meses después de la que presentó el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), y esgrime los mismos argumentos: saturación de trabajo por el aumento de procesos contra empresas y falta de cobertura de las vacaciones de la única funcionaria del Registro Civil,
Entre septiembre y octubre del año pasado, el departamento autonómico decidió retirar "sin justificación alguna" las dos personas de refuerzo que desde hace años registraban y repartían los asuntos de cada sala, para aliviar el de trabajo de éstas. Hay que recordar que la plantilla propia del Juzgado Número 1 es de dos gestores, dos tramitadores y un auxilio, mientras que la del 2 se compone de dos gestores, tres tramitadores y dos de auxilio –uno de ellos adscrito al Registro Civil. El hecho de que el Número 1 tenga 5 trabajadores y el 2 uno más se debe a que la tercera tramitadora de éste pertenece, en realidad, al citado Registro, pero desempeña sus labores en el juzgado. Por ello, la Junta de Personal de Pontevedra califica de insostenible la situación del Registro Civil, "que, salvo casos excepcionales, se cierra literalmente cuando su única funcionaria del Cuerpo de Auxilio disfruta de los permisos o licencias que le corresponden" ya que, además de no cubrir su ausencia, el resto de funcionarios no domina el programa informático Inforeg.
Para todos los sindicatos que conforman la Junta de Personal, está claro que la plantilla de ambas salas "es reducida, no ha sido modificada y ha sido insuficiente desde hace años". De nada sirve que, en la actualidad, el Juzgado Número 1 cuente con un gestor de refuerzo: a falta de conocer los datos de 2001, esta sala cerró el año 2010 con 530 asuntos pendientes, mientras que el 2 dejó sin resolver 342.
La presidenta de la Junta de Personal, Mercedes Vázquez, asegura que "cada día la situación es más difícil en las dos salas. Todos los sindicatos pedimos estos dos refuerzos de forma unánime". El principal motivo que señalan es el "desmesurado aumento tanto de los asuntos civiles como penales, que en los últimos años han sufrido ambos juzgados, debido en parte al incremento de la población y de las empresas, así como de la dura crisis económica" que ha desencadenado diversos procesos de las entidades financieras contra las firmas dezanas.
Ante el colapso, la plantilla de una y otra sala se afana en trabajar más horas de las estipuladas por ley. Pero la demora que acumula la tramitación de muchos casos genera cierto malestar entre los ciudadanos, que así se lo transmiten a sus abogados y procuradores, explica el escrito. Ello acaba desencadenando una situación de "estrés laboral" entre los trabajadores de los juzgados.
Una coyuntura similar a las salas de Vilagarcía
La situación de colapso que viven los dos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Lalín es similar a la de los tres que operan en Vilagarcía. Pero el motivo es diferente: las salas arousanas –por cierto, la exjueza del Número 1, Sandra Iglesias, es ahora titular del Número 2 de Vilagarcía– soportan una carga de trabajo muy superior a las dezanas, debido sobre todo a casos vinculados con el tráfico de drogas, como explica la presidenta de la Junta de Personal de Pontevedra, Mercedes Vázquez.
En el caso de los juzgados dezanos, también se detecta un aumento de cuestiones vinculadas con las demandas por infracciones de tráfico, y no solo en aquellos procesos relacionados con impagos o embargos de empresas que han entrado en quiebra. Es más, desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), se señala que en 2011 el Juzgado Número 2 superó los 1.050 asuntos de carácter civil y que, por falta de personal, muchas infracciones penales adscritas a esta sala acabaron prescribiendo por no disponer de funcionarios que se encarguen de tramitarlas en plazo.
