La crisis económica también repercute en las administraciones municipales, que desde hace años, deben ajustarse el cinturón y tratar solamente de mantener los servicios esenciales. La bajada de las transferencias externas y la incapacidad para generar recursos propios con el ocaso del sector del ladrillo supone que las administraciones locales deban replantearse su funcionamiento e incluso si, como ocurre en la provincia, puede sostenerse un ayuntamiento como Mondariz-Balneario, con 730 vecinos.

Con este y otros argumentos sobre la mesa nació en Lalín un foro de reflexión sobre la reforma de las administraciones públicas, también las provinciales o autonómicas. No obstante, un estudio de la Unión Europea cifra en 5.000 vecinos el censo mínimo para que los ayuntamientos sean viables desde el punto de vista político, social e incluso económico. Si bien en las comarcas la deuda de las administraciones locales está en unos índices más o menos razonables, el principal problema que se plantea en Deza y Tabeirós-Montes es la progresiva pérdida de población. Atendiendo pues a la recomendación del organismo europeo, en la zona solamente superan ese censo Lalín, A Estrada, Silleda y Vila de Cruces y ni siquiera en las dos cabeceras comarcales se prevé que puedan incrementar mucho su población durante los próximos años. En ambos casos, lo que hubo fue un trasvase de residentes del rural al casco urbano y Lalín y A Estrada tienen, según los últimos datos oficiales de población, 21.127 y 21.756 residentes respectivamente. El empeño puesto por gobierno trasdezano en superar la barrera de los 10.000 habitantes tampoco ha surtido el efecto deseado y Silleda tiene en su censo a 9.199 vecinos. Con casi un millar más, Silleda cambiaría de categoría y serían más los fondos externos los que llegarían a sus debilitadas arcas; en este caso sí, por una deuda que se arrastra desde hace mucho tiempo. Vila de Cruces, con 6.325 censados, es el tercer municipio más poblado, pero que en los últimos años vio rebajado su presupuesto hasta los mínimos para garantizar el mantenimiento de servicios. Por debajo de los cinco millares de vecinos están los ayuntamientos de Forcarei (4.044), Rodeiro (3.034), Agolada (2.926), Cerdedo (2.297) y Dozón, donde solo hay censados 1.744 vecinos. De los 62 ayuntamientos de la provincia, 22 tienen menos de 5.000 vecinos.

Los cambios estructurales en la administración local llegan ahora forzados por la crisis y los posibles procesos de fusión o integración serán una realidad en un horizonte de una década. Así lo entiende, al menos, el alcalde de Lalín, José Crespo, que realizó esta aseveración la semana pasada, en la primera de las jornadas sobre municipalismo que promueve el Concello y que se desarrollarán con una periodicidad mensual. Crespo apuntó al Estado como más que posible impulsor de la medida de integración o disolución de concellos. Sobre este asunto ya se había pronunciado hace dos años el entonces jefe de la oposición Mariano Rajoy, quien defendió la propuesta de reducción de entidades locales. Esta cuestión fue avalada en cierta medida por el gobierno socialista.

Una vez que el debate está abierto [ya lo había hecho Crespo como presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), ahora conviene valorar con cautela la forma en la qué se llevará a cabo este proceso de fusión.

Porque aunque la coyuntura socioeconómica es distinta a la de hace un lustro, el punto de vista de los alcaldes de la zona sigue siendo más o menos el mismo. Uno de los más críticos con la propuesta del alcalde lalinense fue su homólogo de Cerdedo y compañero de partido, José Balseiros. El primer edil del penúltimo municipio con menos vecinos indicó días atrás que no existía ningún estudio "riguroso" que avalase la fusión de concellos.

Mientras tanto; la munícipe silledense, Paula Fernández Pena (PSOE), y el cruceño, Jesús Otero, (PP), coinciden en que este tipo de procesos no son los más razonables para que los ayuntamientos puedan dar salida a la actual situación de crisis económica.