El Concello de Silleda no dispondrá del préstamo de 169.000 euros solicitado al Instituto de Crédito Oficial (ICO) el pasado mes de noviembre para hacer frente a la deuda de más de 300.000 euros contraída –y reconocida por sentencias condenatorias– con la antigua concesionaria del servicio de basura, Urbaser, y con la empresa local Sumicóns González. El Ministerio de Economía rechaza la concesión de la ayuda alegando que las facturas emitidas por la firma de suministros no cumplen con los requisitos de la ley de contratos del Estado y que no existe ningún tipo de procedimiento contractual entre la firma y la Administración local.

El argumento contradice, en parte, la ratificación de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emitida en 2011, que, aunque también niega procedimiento contractual entre las partes, sí reconoce la existencia de facturas de Sumicóns González sin sufragar entre 2001 y 2005. Algunas de esas facturas, dice la regidora, están "ilegalmente conformadas", puesto que "la mayoría se presentaron con un sello del Concello de Silleda, una supuesta firma ilegible que alegan que es del anterior alcalde, José Fernández Viéitez, y la expresión recibo y conforme", fechadas el 14 de junio de 2007, dos días antes de la toma de posesión del gobierno socialista.

La regidora admite que la denegación del crédito supone "un varapalo para la gestión del gobierno, que una vez más tiene que asumir los gravísimos errores cometidos en el pasado" y advierte que ante esta nueva situación "vamos a tener que dejar facturas sin pagar, espero que con el esfuerzo de todos seamos capaces de irlas pagando poco a poco, pero realmente quienes van a tener que sufrir este recorte van a ser, de nuevo, los ciudadanos".

A día de hoy, el Concello adeuda 207.317,53 euros a Urbaser, de los que 120.000 euros corresponden a intereses de demora. En este caso, la administración local ya había abonado en julio de 2011 un total de 42.923,60 euros, obligada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictada en 2006. Tras este abono, el Concello abrió una línea de negociación con la empresa, que estaría dispuesta a rebajar un 6% los intereses que tendrían que serles. abonados de concederse el ICO. Por su parte, la deuda contraída con Sumicóns González es de 102.731,87 euros, de los que 6.165,99 corresponden a intereses y 14.817 euros a costas judiciales.

Fernández Pena admite que "no tenemos posibilidades bancarias de asumir estas deudas", que deberán de ser sufragadas de modo inmediato. De lo contrario, la alcaldesa silledense estaría obligada a asumir multas coercitivas con su propio patrimonio personal.

Más impagos

Los de Urbaser y Sumicóns González no son los únicos litigios que el Concello mantiene por impagos. A ellos se suman los procesos abiertos por Sogama, que reclama más de 400.000 euros, Celtaprix, que exige más de 600.000 euros y el Banco Santander Central Hispano, al que Silleda debe 258.000 euros. En los últimos seis meses, el gobierno liquidó las cuentas pendientes con Arias Hermanos –25.000 euros– y El Corte Inglés –4.600–, además del primer pago a Urbaser. También el anterior ejecutivo finiquitó la deuda de 9.194 euros con Manuel Caramés Rozados.