El Concello de Silleda cobrará entre 1 y 4 euros por las visitas al cenobio románico de Carboeiro, tal y como acordó ayer el gobierno y con el voto en contra de los concejales del PP. El edil de Cultura, Matías Rodríguez da Torre, dejó claro que estas tarifas servirán para costear los gastos del guía así como de manteimiento, toda vez que el monasterio tiene "unas necesidades importantes" desde que en 2008 se cerró el proceso de rehabilitación, tras 20 años de reformas por parte de Patrimonio y Turismo. "La rehabilitación y los usos del monasterio son civiles", dado que la Iglesia nunca se inmiscuyó en su puesta en valor, recalcó Da Torre. Sin embargo, estos argumentos no convencieron al PP, que votó en contra alegando que "es una aberración cobrar por algo que no es nuestro" y que "esto de cobrar tarifas va a más, cuando la cultura debería ser gratis" para así, atraer visitantes y ayudar a la hostelería, según apuntó su portavoz, José Carlos Pin.

Idéntico argumento esgrimió éste para oponerse, también, a la activación de tarifas por el uso de los inmuebles municipales para actividades lucrativas. Pin considera que, al cobrar tasas, las entidades –quedan eximidas las asociaciones sin ánimo de lucro y los partidos políticos– "buscarán otros locales donde ya no se les cobraba". Una vez más, propuso que Da Torre renunciase a su sueldo para que el gobierno local obtuviese fondos sin cobrar este tipo de usos.

Sí hubo unanimidad para aprobar la ordenanza mediante la que locales con menos de 1.500 emtros cuadrados pueden presentar una declaración responsable mediante la que se acredita que la reforma de l local cumple la normativa. El concello le expide licencia tras una revisión que, en todo caso, acelera de forma ostensible los trámites para obtener dicho permiso. Los 13 ediles también respaldaron la ordenanza para la apertura de locales con actividades no sdometidas a la Avaliación de Incidencia Ambiental.

Pero la tónica del PP volvió a repetirse a la hora de aprobar un suplemento de crédito, de 169.069 euros, que servirá para pagar las deudas contraídas por el gobierno de Viéitez con Urbaser (por importe de 87.317 euros) y con Sumicons González (81.756). Las dos sentencias firmes obligan a pagar estas cuantías, so pena de multa contra la alcaldesa. Paula Fernández Pena avanzó que Urbaser está dispuesta a realizar una quita del 6,5% que suponen los intereses de la línea de crédito que se pedirá al Instituto de Crédito Oficial para saldar dicha deuda. El suplemento se aprobó ayer –con la abstención popular– por si no se concede dicha línea.