Empleadas de Galaurea, la empresa concesionaria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Lalín, están cobrando 300 o incluso 200 euros, en lugar de los 900 pactados, después de que la firma redujese sus turnos laborales, tras eludir de forma unilateral el acuerdo a que se había llegado en marzo del año pasado y que establecía jornadas completas para la plantilla a partir de abril. La concejala de Benestar, Paz Pérez, se reunió anteayer con un grupo de nueve empleadas que le expusieron "la situación dramática por la que están pasando", sobre todo la docena de subrogadas de Apalc, según matiza Eusebio Justo, del sindicato Comisións Obreiras.

La firma ha reducido de forma ostensible los horarios, de modo que hay empleadas que trabajan 11, 22 ó 19 horas semanales. Para demostrarlo, Comisións remitirá al Concello de Lalín diversas nóminas en las que figura la cuantía que realmente cobra la plantilla y que, en el último mes, se ha hecho esperar. Las empleadas percibieron su nómina de octubre el pasado miércoles, día 16. "Normalmente están cobrando el día 10", cuando por ley las nóminas deben ingresarse, como muy tarde, el día 5 del mes siguiente, recalca Justo. En su momento, Galaurea explicó esta demora alegando que el propio concello le adeudaba sus prestaciones de septiembre y octubre. Estos motivos no convencen a Comisións, "ya que una cuestión es la relación de la empresa con la plantilla y otra la de aquélla con la administración", añade el sindicalista.

Informe municipal

Las trabajadoras también están pendientes de que el concello lalinense les haga partícipes de los resultados del informe que elaboró una comisión técnica para detectar posibles irregularidades en, precisamente, los horarios laborales y las nóminas de la plantilla de Galaurea. Este informe se les remitirá una vez que se apruebe en la junta de gobierno local, aunque Justo ya se muestra escéptico antes de conocerlo. "Pienso que la utilidad de este documento va a ser muy reducida y que no nos aportará nada nuevo".

Al margen de lo que apunte este informe, las empleadas cursaron una demanda contra Galaurea por intentar derogar el mencionado acuerdo de 2010. El próximo 14 de diciembre, el Juzgado de lo Social de Pontevedra sentenciará sobre la legalidad o no de anular dicho pacto. La empresa se basa en que ha descendido el número de usuarios del SAF.