Tres absueltos en el caso de la supuesta filtración de exámenes de acceso a la Guardia Civil acaban de presentar reclamaciones de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Justicia como compensación por verse inmersos durante diez años como imputados y los consiguientes perjuicios en sus respectivas vidas personales y profesionales.

Uno de los tres reclamantes, aunque es posible que se sumen en el futuro algunos otros de los absueltos, es el lalinense Tomás Pereira Gil. En su escrito, enumera una serie de perjuicios derivados del caso, como la incautación y comiso de 46.000 euros en efectivo y de un vehículo de alta gama, el cese obligado de su vida política, la imputación durante diez años, el fallecimiento de su padre, también imputado y absuelto y los problemas económicos por el cierre de financiación bancaria y líneas de crédito. Ante esta situación, el lalinense reclama que se reconozca la responsabilidad patrimonial de la administración y se le indemnice con 600.000 euros. Por otra parte, Carmen Múgica y Paulino Osado Robledo, los otros dos reclamantes, también piden una cantidad similar. En el caso de este último existen ciertas matizaciones, ya que fue reincorporado al mismo destino que tenía en calidad de guardia civil y también reclama las cantidades dejadas de percibir este tiempo por su sueldo.