El sindicato Comisións Obreiras (CC OO), que representa a las trabajadoras del Servicio de Ayuda en el Hogar de Lalín que mantienen un conflicto con la empresa adjudicataria Galaurea, exigió ayer a los administradores de la firma, Marta Blanco y Nonito Gutiérrez Crespo, que cesen en su política de intimidación hacia las trabajadoras y les advirtió de que no van a conseguir amedrentar a la plantilla.

La central insistió en la "política represiva" de la empresa, consistente en imponer sanciones de manera indiscriminada. De hecho, reveló que en las últimas semanas se han impuesto dos sanciones de un mes de empleo y sueldo "aduciendo motivos inexistentes que atenta contra la dignidad personal y profesional". El sindicato sostiene que estas acciones no son nuevas y que ya han motivado un juicio fallado el pasado 22 de febrero a favor de la trabajadora, ya que se declaró la nulidad de la sanción comunicada.

Por lo demás, Comisións denunció nuevamente que los incumplimientos laborales de la empresa siguen con la modificación de los contratos de trabajo, la inaplicación del convenio colectivo de la Ayuda en el Hogar de Galicia y la falta de respeto al acuerdo de marzo de 2010 en el que se les garantiza una jornada laboral completa de 37 horas semanales. En este sentido, indicó que durante el último mes se ha reducido de modo considerable la jornada a algunas trabajadoras, por lo que se han impuesto nuevas demandas ante los Juzgados de lo Social. En este contexto, también se ha presentado otro recurso judicial por los salarios que la empresa adeuda a todas las trabajadoras desde abril de 2010 hasta febrero.

Finalmente, el sindicato explicó que van a atender el requerimiento de la comisión técnica del Concello de Lalín remitiéndole toda la documentación e insistiendo en su exigencia de que se cumpla con la legalidad vigente en cuanto a la subrogación de contratos y a la aplicación del convenio colectivo en vigor del sector.