El BNG ve interés electoral del PP en "discriminar" a A Estrada con el PXOM pese a su asfixia económica

SILVIA PAMPÍN - A ESTRADA El BNG ve clara la intencionalidad política del PP de usar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) con fines electorales de cara a los comicios municipales. Cree que ésa es la razón que lleva a la Consellería de Medio Ambiente a "discriminar" al Concello de A Estrada –por comparativa con otros ayuntamientos en igual situación pero gobernados por el PP– en relación con el Plan Xeral sin tener en cuenta que la carencia de un documento urbanístico está ocasionando la asfixia económica del municipio estradense.
Así lo expresaron ayer la portavoz del grupo municipal nacionalista, Raquel López Doce; y el alcaldable del BNG para 2011, Xosé Magariños; en un acto público orientado a buscar respaldo social a la exigencia de aprobación del PXOM que tuvo lugar en la Sala Caixanova. Contó con la participación de la diputada autonómica Teresa Táboas, que defenderá hoy en el Parlamento de Galicia una proposición no de ley que propondrá instar a la Consellería de Medio Ambiente a agilizar la aprobación del Plan Xeral.
Su carencia, según Magariños, impide desarrollar infraestructuras y también afecta al día a día de la ciudadanía, tanto para construir una casa como para ampliar una industria. Asimismo, López Doce destacó que la carencia de PXOM asfixia la economía local, como demuestra el incesante goteo de cierre de comercios. Lo ve "moi sintomático" de la crítica situación local, que ya venía "arrastrando" la penosa situación derivada de la inactividad del sector de la construcción por la carencia de Plan Xeral. Todo ello sumado al contexto de crisis general deja al municipio muy limitado para reactivar la economía. Como "proba do algodón" de la intencionalidad de utilización política del PXOM, López Doce cita la negativa "por segunda vez" de la Xunta sin base jurídica a emitir la memoria ambiental, esgrimiendo un escrito de finales de 2006 del entonces edil de Urbanismo, José Manuel Reboredo, que –a juicio del gobierno local– no era competente para comunicar el inicio de la tramitación de un nuevo Plan Xeral, algo que en todo caso sólo podrían hacer la junta de gobierno local o el pleno.