Miguelina Martínez Alba tiene 32 años, dos bebés a su cargo y está desempleada. Esta dominicana llegó a Galicia en 1995 y dos años después se instaló en Lalín, donde se casó y tuvo dos hijos que ahora tienen 2 y 3 años a los que sólo la caridad de algunos vecinos permite subsistir. La joven, con nacionalidad española, malvive con una ayuda de la administración de 426 euros mensuales que dejará de percibir a mediados de enero. De esa cantidad debe reservar cerca de 350 euros para el alquiler del piso en el que vive sola con sus niños, aunque por ahora la generosidad de sus caseros le permitió que no tuviese que abonar, en varias ocasiones, la renta íntegra.

Miguelina sólo reclama un empleo y no quiere vivir de la caridad, aunque reconoce que "sacar adelante a mis dos hijos es imposible. Sólo pido un empleo, de lo que sea porque a veces no tengo ni para darle a mis niños de comer", relata.

Pero su situación, ya de por sí traumática, se agrava debido a que está en trámites de divorcio de su pareja, que le impide marcharse a su país natal con sus pequeños para emprender allí otra nueva vida. "Pido a la justicia que agilice los trámites y a la jueza que lleva mi caso –desde noviembre del año pasado– que entienda como mujer o como madre mi situación", prosigue.

Miguelina Martínez señala que la obtención de la separación legal le permitiría ingresar una pensión estimada de 600 euros, que incluso estaría dispuesta a negociar con su ex pareja. "Si no puede que, al menos, me pase una parte", señala y dice que acudió hace meses a pedir ayuda al departamento de Servizos Sociais de Lalín para la búsqueda de un trabajo.

Mientras tanto, trata de afrontar una cruda realidad "sin familiares que pueden apoyarme, porque aquí no tengo a nadie", dice, con poco más de 100 euros al mes.